La administración de Nicolás Maduro negó este jueves que varios de sus aviones militares violaran el espacio aéreo de Guyana, país con el que mantiene un litigio por una zona en disputa, tal y como denunció un día antes esa república.
«Una vez más, de manera descabellada, el Gobierno de Guyana pretende generar falsas versiones sobre las operaciones de patrullaje regular de las fronteras de Venezuela, realizadas por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, circunscritas estrictamente al territorio venezolano no controvertido», reza un comunicado distribuido por la Cancillería.
A su juicio, el Gobierno de Guyana hizo la denuncia «con el fin de aparentar un presunto ‘acto de agresión'» en su contra.
Funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores de Guyana confirmaron el miércoles la puesta en marcha de la investigación de un incidente que se habría producido la tarde del martes en Eteringbang, una zona minera cercana a la frontera con Venezuela donde se ubica un campo de aviación militar.
El informe policial guyanés apunta que dos aviones de combate venezolanos entraron en el espacio aéreo de Guyana cuando sobrevolaron la estación de Policía de Eteringbang y la base de Fuerza de Defensa de Guyana (GDF, en inglés) antes de volver a territorio de su país.
Frente a esa denuncia, Venezuela rechazó «enérgicamente» lo que considera «imprecisiones y falsas acusaciones» de Guyana y cree que su vecino país «procura manipular la realidad para alimentar una matriz negativa contra Venezuela en relación a la controversia territorial sobre la Guayana Esequiba».
La región que Venezuela denomina así abarca 160.000 kilómetros cuadrados al oeste del río Esequibo, lo que supone casi dos tercios del territorio de Guyana.
En 1966, ambas naciones firmaron el Acuerdo de Ginebra, una herramienta por la que se comprometían a buscar una solución amistosa para la disputa.
El conflicto territorial estuvo bajo la mediación de la Organización de Naciones Unidas (ONU) hasta finales de enero de 2018, cuando el organismo dio por terminada su actuación en el diferendo.
Esa decisión provocó que Guyana acudiera a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) -que se declaró competente para resolver el diferendo-, puesto que la ONU recomendó entonces que el caso se llevara a esta instancia.
Venezuela ha defendido de forma reiterada que no reconoce la competencia de la CIJ, una posición que reiteró hace dos días cuando insistió en que solo acepta una solución pactada, en el marco del Acuerdo de Ginebra, como fórmula para dirimir la disputa
Para Venezuela, «resulta desconcertante» que Guyana ponga en marcha con la denuncia de ayer lo que considera una «campaña difamatoria y de victimización ante el concierto internacional» y «emita una acusación sin fundamento, basada en videos publicados en redes sociales, sin ofrecer la ubicación precisa y georreferenciada de la zona en cuestión».
