El Estado venezolano pidió hoy a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) levantar las medidas interpuestas en nueve cárceles, pues afirma que ha cumplido en garantizar la integridad del personal y de los presos, mientras una ONG denunció muertes violentas y un 202,1 % de hacinamiento.
La corte, con sede en Costa Rica, realizó este viernes una audiencia pública para supervisar la implementación de las medidas ordenadas entre los años 2006 y 2015 sobre los centros penitenciarios La Pica, Yare I, Yare II, Rodeo I, Rodeo II, Tocorón, Uribana, Vista Hermosa y de la región andina CEPRA.
El Estado venezolano solicitó poner fin a la orden de protección que se le brinda al coordinador general del Observatorio Venezolano de Prisiones, Humberto Prado, y a la coordinadora jurídica del ente, Marianela Sánchez.
Según el Estado, las vidas de estas personas y sus familias ya no corren peligro.
El Estado venezolano aseguró que ha avanzado en la defensa de los derechos humanos con acceso a la alimentación, servicios de salud, mejora de la infraestructura, una digna convivencia, así como más personal para la custodia de los presos que permite que haya un funcionario por cada seis privados de libertad.
Venezuela indicó que en las cárceles de Tocorón, La Pica y Vista Hermosa todavía persisten desafíos, pero que avanzan satisfactoriamente.
«Las medidas provisionales fueron un aliciente importante para avanzar en los derechos humanos de los privados de libertad. El Estado ha tomado pacíficamente el control de los centros, se garantiza una digna convivencia y se ha mejorado infraestructura de 38 espacios», afirmó el agente estatal, Larry Devoe Márquez.
Los beneficiarios, de los que forma parte Prado, refutaron estas declaraciones y alegaron que las cifras demuestran que todavía existe un retardo judicial y una situación «muy grave», que provoca luchas entre los detenidos y muertes violentas.
Datos del Observatorio Venezolano de Prisiones indican que en el 2016, en la cárcel de Yare murió un privado de libertad, en Uribana fallecieron cinco, en El Rodeo se registraron cuatro, mientras que en CEPRA no se reportaron muertos.
«Para nosotros no han cumplido con la implementación, actualmente hay 19.305 personas en esas nueve cárceles, y existe un hacinamiento del 202,1 %. El 81 % de los presos no cuentan con una condena, y en el último año se han dado muertes violentas», expresó Prado.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó que la grave situación que originó esas medidas no ha cambiado sustancialmente y, por el contrario, la información disponible dice que el Estado no habría adoptado medidas adecuadas para atenderla.
«Hay motines, enfrentamientos armados y persisten denuncias sobre maltratos a internos incluyendo aislamiento prolongado, y huelgas de hambre y protestas que han derivado en delicadas situaciones de violencia y detención», afirmó el comisionado de la CIDH, James Cavallaro.
La comisión criticó que pese a sus solicitudes, no ha podido visitar los centros penitenciarios y añadió que Prado ha sido objeto de hostigamientos y descalificaciones por parte de altos funcionarios del Estado, en un «contexto en la cual la labor de los defensores de derechos humanos en Venezuela viene siendo sumamente amenazada».
Sobre Sánchez, la CIDH indicó habría tenido que salir del país, por la grave situación de riesgo que enfrentaba y que la falta de adopción por parte del Estado de medidas para garantizar su protección.
