Cuando faltan unas horas para las marchas a favor y en contra del Gobierno de Nicolás Maduro, los venezolanos viven momentos de tensión, alimentada por anuncios y advertencias de ambas partes, incluyendo la insistencia del chavismo de acusar a dirigentes opositores de desatar la violencia.
Este miércoles, un día festivo en Venezuela por conmemorarse los 207 años de un acto popular que dio inicio a la independencia de España, el oficialismo y la oposición han decidido manifestarse enarbolando sus respectivas banderas de «libertad», según sus perspectivas.
Desde el lado opositor, dirigentes políticos, artistas, académicos y representantes de diferentes gremios han señalado su intención de marchar y han invitado a los venezolanos a no tener miedo a la «represión» del Gobierno de Maduro.
El dos veces candidato a la Presidencia Henrique Capriles reiteró que la oposición marchará en todo el país contra «el golpe de Estado» y que en Caracas los manifestantes partirán desde 26 puntos y caminarán hasta la sede de la Defensoría del Pueblo, en el oeste de la ciudad.
Capriles recomendó «caminar en grupos» pues «es momento de estar acompañados» para evitar la «represión» de un Gobierno, que «en su desesperación» es capaz de «cometer locuras».
El también gobernador del céntrico estado de Miranda dijo que «mañana se inicia otra etapa de lucha que no debe parar» y que los objetivos son elecciones libres y democráticas, la apertura de un canal humanitario para que ingresen al país medicinas y alimentos y libertad para los políticos presos.
Afirmó que con estas movilizaciones se pide que no se produzcan más inhabilitaciones políticas de opositores y respeto a la Asamblea Nacional (AN, Parlamento).
Indicó que si se logra uno de los objetivos «hay que seguir luchando» por alcanzar los otros.
Hoy la mayoría opositora del Parlamento aprobó un acuerdo en el que se establece tramitar una denuncia ante la Corte Penal Internacional (CPI) por delitos de lesa humanidad que, según el Legislativo, ha cometido el jefe de Estado.
Con el voto de la mayoría opositora y la ausencia de la bancada del chavismo, el Parlamento aprobó el acuerdo de «condena a la represión, persecución, tortura y otras violaciones a los derechos humanos de la población», en el que califican como una «autocracia» al Gobierno de Maduro.
En la declaración se acuerda «instruir el expediente correspondiente a los efectos de tramitar denuncia ante la Corte Penal Internacional para el conocimiento de los delitos de lesa humanidad cometidos por Nicolás Maduro y las demás autoridades con poder de mando».
Entre los supuestos delitos, los diputados mencionan ataques contra centros de salud, «lo cual está prohibido hasta en tiempos de guerra», y «la persecución de un grupo de personas fundada en motivos políticos».
Mientras, Maduro aseguró hoy que «revelará» los «planes completos de la derecha para los próximos días», para que «la República se ponga de pie».
El mandatario aseguró el domingo pasado que no le «temblará el pulso» para «castigar férreamente» a los que quieren «incendiar y llenar de violencia» el país, así como para «llevar a la cárcel a quien tenga que llevar».
Ese día presentó una serie de vídeos que supuestamente incriminan a dirigentes y diputados del partido opositor Primero Justicia (PJ) en la organización y financiación de actos violentos durante las protestas de las últimas semanas en Caracas.
La oposición ha asegurado que los jóvenes que aparecen en estos vídeos fueron sometidos a torturas para declarar en contra de dirigentes del partido PJ, fundado por Capriles.
Hoy el presidente del Parlamento, Julio Borges, indicó que la oposición llevó a La Haya el «caso de tortura» de dos dirigentes PJ detenidos el pasado jueves, los gemelos Alejandro y José Sánchez, y afirmó que esta lo aceptó.
«En este caso los dos hermanos Sánchez fueron torturados. Nosotros ayer logramos que el caso de tortura de ellos fuera aceptado en La Haya», dijo.
Criticó además que Maduro aprobara aumentar la cantidad de milicianos armados ya que, a su juicio, esas armas terminarán en el «mercado negro», mientras la organización Human Rights Watch consideró «irresponsable» y «dictatorial» dicha medida.
La canciller de Venezuela Delcy Rodríguez, expresó hoy que el Gobierno no ha reprimido las manifestaciones opositoras de los últimos días, sino que ha «contenido la violencia», que en algunos casos se ha desatado dejando víctimas fatales.
Rodríguez criticó que países miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) llamen a las fuerzas de seguridad ciudadana de Venezuela a no reprimir las protestas opositoras pues, remarcó, en el país caribeño «no se ha reprimido», sino «se ha contenido la violencia».
