Venezuela y Nicaragua se opusieron a la celebración realizada el viernes de una sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) sobre la crisis nicaragüense.
«Lamentamos que se pretenda convertir en monotemáticas las sesiones del Consejo Permanente de la OEA sobre el tema de Nicaragua como si no pasaran cosas en otros sitios», dijo Luis Alvarado, embajador alterno del país centroamericano en la organización.
El diplomático criticó que se haya convocado el viernes dicho consejo después de que se celebrara una sesión ordinaria el miércoles.
«Hemos tenido una actitud decente, tolerante y amistosa con aquellos que nos critican, creyendo en la buena fe de los mismos», indicó Alvarado, quien apeló al respeto de la soberanía de los Estados.
La delegación nicaragüense mostró un vídeo con supuestos abusos de «delincuentes» contra ciudadanos del país.
La renuencia de Nicaragua hacia la celebración de esta reunión del Consejo Permanente de la OEA fue apoyada por Venezuela: «Nos preguntamos qué pudo haber cambiado en 48 horas ¿Qué situación urgente ha aparecido?», apuntó Sara Lambertini, representante de la delegación venezolana, en referencia a la sesión del miércoles.
Lambertini criticó el linchamiento político a Nicaragua y reiteró el rechazo de Venezuela hacia el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), presentado el miércoles en la OEA, sobre la situación en el país en Nicaragua.
«Es un informe sesgado, parcializado, poco profesional y lleno de manipulaciones», afirmó Lambertini.
En el documento, la CIDH elevó a 127 el número de personas que han muerto en Nicaragua desde que el 18 de abril se iniciaran las protestas contra el gobierno del presidente Daniel Ortega, cifra que ha aumentado desde entonces.
La sesión extraordinaria del viernes del Consejo Permanente de la OEA se desarrolló a petición de Argentina, Canadá, EE UU, Chile y Perú.
Las protestas contra Ortega y contra su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, comenzaron por unas reformas fallidas de la seguridad social y se convirtieron en un reclamo que pide la renuncia del presidente, después de 11 años en el poder, con acusaciones de abuso de poder y corrupción.
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