El Trigal, Prebo, Tazajal y Palma Real, son las cuatro urbanizaciones que el pasado lunes vivieron la tensión de un allanamiento por los efectivos del Cuerpo de Investigaciónes Penal Y Criminalístico (Cicpc), en el que varios fueron detenidos, por formar parte de las manifestaciones en contra del gobierno de Nicolás Maduro.
Mediante un comunicado, pidieron a los alcaldes de la región que se pronuncien por lo sucedido, debido a la violación de propiedad privada que se vivió en la noche del 15 de mayo.
A continuación el texto completo del comunicado:
Ante la infamia de la arremetida en contra de edificios residenciales en los municipios Valencia, Naguanagua y San Diego, Vente Carabobo hace un llamado a los alcaldes de los municipios señalados a sumarse a las denuncias de los vecinos por estos despropósitos de las fuerzas represoras del Estado.
Los ciudadanos estamos solos, no tenemos derechos, la vida, el principio de la inviolabilidad del hogar y el derecho a manifestar se han convertido en un eufemismo.
Las acciones del día de ayer 15 de mayo de 2017 en El Trigal y la Avenida 137 de Prebo en el municipio Valencia; en Tazajal y Palma Real en el municipio Naguanagua y en Los Tulipanes en el municipio San Diego del estado Carabobo, en los que lanzaron bombas lacrimógenas hacia edificios residenciales, demuestra de forma indubitable que estamos en presencia de un Estado forajido que no respeta principios fundamentales esenciales de la dignidad humana.
El hogar es inviolable y ello no solo significa que no puede ser allanado sin orden judicial sino que no puede ni debe ser perturbado, lo que ha sido suficientemente analizado por las diferentes Cortes de Derechos Humanos a nivel mundial.
Las bombas lacrimógenas son armas químicas y su uso desproporcionado causa severos daños en las personas. El abuso en su uso y hacia residencias, es un delito que puede equipararse como de Lesa Humanidad por los altísimos riesgos que genera y la violencia desmedida que significa contra las familias.
Estos gases afectan directamente a niños y ancianos además de los enfermos y mujeres embarazadas. Una sociedad que manifiesta pacíficamente y que es reprimida de manera cobarde por quién está obligado a protegerla, es una ciudadanía que reivindica con todo derecho la desobediencia civil y la aplicación del artículo 350 Constitucional.
En Venezuela no hay Estado porque falta uno de los elementos que lo conforman: El Gobierno, ya que éste está al servicio de los ciudadanos y no intenta subyugarlos. Este régimen es como el de Pieter Botha en la Surafrica del Apartheid.
Someter los ciudadanos civiles a la justicia militar no solo es ruin y cobarde sino que violenta todas las normas de Derecho Internacional de las que Venezuela es signataria.
Los ciudadanos requieren respuestas y éstas sólo pueden darse con acciones contundentes y proporcionales al tamaño de la valentía de la ciudadanía valenciana. Necesitamos dirigentes valientes que entiendan que están al servicio de los ciudadanos.
