Contrario a los estudios de opinión y a las encuestas realizadas por especialistas, el partido Socialista Unido de Venezuela obtuvo 18 gobernaciones, mientras que la Mesa de la Unidad Democrática sólo ganó cinco ejecutivos regionales, los cuales corren el peligro de no gobernarse por los primeros mandatario regionales opositores electos, debido a las condiciones inconstitucionales exigidas directamente por el presidente Nicolás Maduro, quien amenaza con que no asumirán sus cargos hasta tanto no se juramenten ante la fraudulenta Asamblea Nacional Constituyente. Ufanado del supuesto arrollante triunfo resultante en las urnas a favor de su gobierno el pasado 15 de octubre de 2017, el Jefe del Estado va más allá y asegura que se repetirán las elecciones regionales en aquellos estados donde los gobernadores electos no reconozca la Asamblea Nacional Constituyente Cubana, sin considerar que con esa posición arbitraria consolida interna como externamente, su talante de dictador y antidemocrático que pretendió diluir con la convocatoria a las comicios estatales y la aceptación momentánea de la victoria de los candidatos opositores.
Los resultados a favor de los candidatos oficialistas dado por Tibisay Lucena no debieron caer de sorpresa a la masa opositora. Ni siquiera a quienes perdieron en esa contienda electoral, porque se sabía que Nicolás Maduro y todos los integrantes de su gobierno, así como los miembros del PSUV harían lo que fuese para ganar y poder demostrarle al mundo que no cometieron fraude el pasado 15 de septiembre en las elecciones de los constituyentista y que obtuvieron esa victoria electoral, supuestamente, por más de 8 millones de votos, pese a que nadie vio a nadie asistir a las urnas ese domingo. Por tal motivo, usaron todo el poder político, económico y comunicacional que poseen como gobierno y como administradores del erario público nacional para actuar a favor de sus candidatos.
Toda la fuerza y maquinaria política gubernamental fue usada con el fin de alcanzar ese triunfo. Todo el aparato del Estado y hasta de los militares para movilizar electores, mantener las mesas abiertas más allá del plazo y permitir la trampa fu eron algunas de las irregularidades hechas por los oficialistas para obtener el triunfo en la mayoría de los ejecutivos regionales de la nación. También usaron el chantaje alimenticio para obligar a los electores a votar por ellos, así como el uso de la fuerza, además de la manipulación y las amenazas a los usuarios de las misiones socialistas, mientras los candidatos opositores creyeron en las encuestas y se olvidaron de los electores de las barriadas y de los tantos indecisos políticamente que aunque no creen en el modelo castromadurista, tampoco se comen el discurso opositor y se alinearon al llamamiento a la abstención hecho por María Corina Machado y Antonio Ledezma, así como otros tantos personeros residenciados en el extranjero, lo cual originó que miles de opositores se abstuvieron de votar y convirtieran a la abstención en una nueva figura electoral y en la principal portadora del triunfo del gobierno de Nicolás Maduro, quien con su sonrisa continua y elocuente le grita al mundo la fortaleza que tiene su gestión aunque este caracterizada por el desastre político, económico y social propio de un mandato que perdió la gobernabilidad, acabó con el patrimonio económico del país y tiene a más del 90 por ciento de la población comiendo menos de tres veces al día.
El triunfo de los oficialistas en las 18 gobernaciones no fue precisamente porque se dio en un proceso electoral limpio y democrático ni por los resultados de gestión de sus optantes a ese cargo, sino por el ventajismo político, la migración a último momento de votantes de sus centros electorales naturales, el uso desmedido de los dineros y recursos públicos, la propaganda política oficial a favor de la abstención, el control oficial a través de los carnet de la patria, las triquiñuelas de las rectoras pesuvistas del Consejo Nacional Electoral, quienes mediante la técnica conocida como “ratón loco”, recomendada por asesores enviados por el presidente Daniel Ortega desde Nicaragua, afectó a más de 700 mil personas de la clase media a quienes sacaron, por ejemplo, del padrón electoral de la Urbina, en el estado Miranda y la reubicaron en uno de los barrios más peligrosos de la capital de la República o de esa misma entidad, lo cual impidió que esos electores se movilizaran hacia su nuevo centro de votación por miedo a la delincuencia y quien se atrevió a hacerlo fue objeto del asalto, luego chantajeado u obligado con pistola en mano u otra arma de fuego o blanca por los custodios de esas instalaciones a votar a favor del candidato del gobierno.
Así que esa sonrisa triunfalista de Maduro pronto se le convertirá en una derrota, porque en esas elecciones regionales no se jugó limpio ni fueron imparciales los procedimientos. Se cercenó a muchos venezolanos su derecho constitucional a ejercer el voto de forma libre y soberana. En el estado Miranda, por ejemplo, se vulneró del derecho a sufragar a 120 mil electores del padrón electoral de esa entidad federal y, por ende, Héctor Rodríguez ganó con una ventaja de seis puntos porcentuales, pero no ganados con transparencia, por cuanto en los centros electorales donde no se permitió la presencia de los testigos opositores, Héctor Rodríguez sacó el doble de los votos que el ex presidente Hugo Chávez obtenía gracias a su liderazgo. Ese 92 por ciento de sufragios a su favor, con sólo el 10 por ciento de abstención no lo había obtenido nadie.
Solo de esa manera y persuadiendo para la abstención, comprando testigos, expulsando a veedores internacionales, chantajeando con la entrega de las bolsas o cajas de comida y amenazando a los electores con excluirlos de programas sociales, entre otras irregularidades, los candidatos del oficialismo pudieron ganar en las 18 gobernaciones donde supuestamente triunfaron, especialmente en el estado Miranda, un bastión de la oposición y propulsor de la democracia venezolana. El papel preponderante jugado por el gobernador paralelo que recibía los recursos económicos a través de Corpomiranda, dirigida por Elias Jaua, le permitió al gobierno desarrollar, de manera sistemática, el populismo y la demagogia en los estratos más bajos de ese estado, los cuales dominaban a través de la entrega casa por casa de los alimentos contentivos de las bolsas y cajas del CLAP, mientras que a Henrique Capriles no le bajaban los recursos oportunamente, lo cual le impedía pagar nóminas a tiempo y ejecutar obras sociales de gran envergadura. Ese proceder lo pusieron en práctica hace cinco años en el Zulia, cuando Pablo Pérez fue a la reelección. Arias Cárdenas actuaba como gobernador paralelo y ejercía competencias propias del primer mandatario regional en ejercicio, con el fin de hacer ver que el como dirigente oficialista si tenía la capacidad de coadyuvar en la solución de los problemas de esta entidad federal, lo cual afecto la candidatura de Pérez Álvarez y Francisco Javier Arias Cárdenas se impuso como gobernador para el período 2012-2016, por una mínima diferencia de votos. No obstante, cuatro años después, los zulianos no lo reeligen y escogen a Juan Pablo Guanipa como el nuevo gobernador del estado Zulia para el período 2016-2020, quien al igual que los otras cuatro primera autoridad de los estados Mérida, Táchira, Nueva Esparta y Anzoátegui recién electas quizá no puedan ejercer el mandato de la población, porque la Asamblea Nacional Constituyente les está obligando a juramentarse ante esa instancia espuria , pese a que la Constitución Nacional establece que es ante los Consejos Legislativos regionales
Las rectoras CNE siempre han jugado a favor del gobierno, como dignas representantes del Partido Socialista Unido de Venezuela. Por eso, su parcialidad es fácil de comprobar en cada paso electoral que dan. Jugo con el cronograma electoral, al cambiarle la fecha y no publicarlo a tiempo, mientras anuló la tarjeta electoral de la Mesa de Unidad Democrática para confundir a los electores e impedir que los candidatos de la MUD le ganaran a los del PSUV como ocurrió en 2013 y 2015. E igual, se subordinó a los dictámenes de la Asamblea Nacional Constituyente Inconstitucional para hacer creer que de esa instancia dependen las elecciones de gobernadores y las demás a realizarse y no de la Carta Magna. Igual no atendió los reclamos de los representantes de los partidos opositores, los cuales, entre otras cosas, exigían que se eliminasen las tarjetas de los candidatos que fueron excluidos en las primarias. Ante tantas irregularidades, los gobernadores opositores tendrán que pasar por un vía crucis para poder juramentarse y gobernar.
