El vicerrector administrativo de la Universidad de Carabobo, José Ángel Ferreira, hizo un llamado de alerta a los gremios universitarios, para que revisen lo acordado en el acta suscrita el pasado noviembre, la cual junto a directrices de la Opsu, afectan los derechos laborales del personal jubilado de las universidades nacionales.
Ferreira advierte que el planteamiento de la Procuraduría General de la República de realizarse una homologación de sueldos del personal universitario activo y jubilado, perjudica seriamente al 30% de la población jubilada.
“Esta situación inédita va en contra del principio de progresividad de los derechos laborales consagrado en la Constitución Nacional y del régimen de jubilaciones y pensiones de las universidades nacionales, el cual se ve nuevamente amenazado”.
Como es conocido por todos, las universidades nacionales tiene un régimen especial de jubilaciones y pensiones, el cual se origina de la Ley de Educación de 1958, con respecto a los docentes y posteriormente se extiende a obreros y empleados mediante las pautas que dictó el Consejo Nacional de Universidades en 1976.
Dicho régimen ha venido evolucionando y, entre otras cosas, consagra el derecho de todo el personal universitario jubilado a las mismas condiciones de remuneración que el personal activo. Igualmente, ha quedado establecido que cuando existan aumentos de salario, estos se calculen de tal manera que no perjudiquen a los jubilados.
No obstante, el más reciente instructivo hace ver que el sueldo de ningún jubilado puede estar por encima de los activos. Esta directriz plantea distorsiones, porque en la universidad el personal puede jubilarse con distintas primas, tales como primas por hijos, titular, doctor, asistencia médica y diversas primas relacionadas con su desempeño, subrayó el vicerrector.
