(Foto referencial)

Una mujer venezolana relató este martes ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) atroces abusos y torturas que sufrió durante cuatro meses de secuestro, por las que pidió responsabilizar al Estado de su país por la falta de justicia en su caso.

Linda Loaiza López, secuestrada en marzo de 2001 a los 18 años, narró con voz quebrantada la violencia que padeció y el calvario que pasó ante la justicia venezolana cuando intentó que se castigara a su agresor.

Durante su cautiverio a manos de Luis Carrera Almonia, hijo de un académico y entonces rector de la Universidad Nacional Abierta, López sufrió una triple fractura de mandíbula y fracturas en la nariz, varias reconstrucciones físicas y de los pabellones de las ojeras, tratamiento de ortodoncia y atención psicológica y psiquiátrica.

“Durante mi cautiverio fui sometida a abusos, amenazas, torturas, de forma sistemática durante cuatro meses. Sufrí transgresiones diariamente, fui agredida con las manos, con palos, me tenía amordazada y esposada. El agresor apagaba cigarros en mi rostro”, relató Loaiza al tribunal con sede en San José.

Pidió a la CIDH que el Estado venezolano sea declarado responsable por abusos, tortura, por todas las violaciones de derechos humanos que sufrí, y que siguen sufriendo las mujeres en Venezuela.

Al cierre de la audiencia, el representante del Estadovenezolano, Larry Devoe, pidió perdón a López y su familia por el trato inadecuado que tuvo por parte de la justicia.

“Lamentamos profundamente los padecimientos que ha pasado junto a su grupo familiar a lo largo de 17 años” desde los abusos sufridos, dijo Devoe. Es usted para nosotros un referente de valentía y dignidad.

Sin embargo, aclaró que el Estado venezolano solo reconoce parcialmente su responsabilidad en los hechos, excluyendo le detención y violencia física que padeció al haber sido perpetrados por un particular.

Francisco Eguiguren, presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), señaló que el Estado venezolano es responsable de la falta de diligencia en sancionar adecuada y proporcionalmente la extrema violencia de la que fue objeto López.

La CIDH, con sede en Washington y que actúa como una suerte de fiscalía, había enviado el caso a la corte en 2016.

La víctima contó a los jueces que la fiscalía venezolana se negó a atender su caso porque el agresor era hijo de una persona con influencia política.

A pesar de presentar todas las pruebas al tribunal, el agresor fue absuelto en primera instancia en 2004. En segunda instancia, seis años después, fue condenado por privación de libertad y lesiones corporales, pero absuelto de abusos e intento de asesinato.

Tras recuperar su libertad, López estudió Derecho, se especializó en derechos humanos internacionales y se ha dedicado al activismo en defensa de las mujeres víctimas de violencia.

Soy reflejo de la violencia física y psicológica que enfrentamos las mujeres. El Estado (venezolano) garantizó la impunidad, no mis derechos, declaró López a la CIDH.




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