El señor José* tuvo una vida normal, como la de cualquier otro ciudadano en Caracas hasta que un día efectivos de las FAES (Fuerzas de Acciones Especiales de la PNB) asesinaron a su hijo en medio de una OLP. Se trató de uno de los tantos atropellos contra ciudadanos por parte de un Estado que atropella, no responde por estos atropellos y ahora busca controlar a quienes sí lo hacen: las Organizaciones No Gubernamentales (ONG).
En Venezuela la violación de derechos humanos por parte del Estado ha sido una constante en los últimos años, hasta el punto de requerir la investigación de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los DD.HH. quien reconoció que en el país se tortura y se detiene arbitrariamente.
Las personas que han sido víctimas de algún tipo de persecución o atropello por parte de autoridades del Estado no cuentan en el país con un sistema de instituciones en el que apoyarse cuando estas ocurren. Este vacío lo llenaron por las ONG las cuales presan apoyo de diversa índole a estas personas.
El señor José contó a Crónica.Uno que su hijo se encontraba tranquilo en su vivienda en una zona popular de Caracas cuando los funcionarios policiales ingresaron a la misma haciéndose pasar por personal de los Comité Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP). Una vez dentro de la residencia le dispararon varias veces hasta matarlo.
Varios vecinos atestiguaron el asesinato del hijo del señor José. Sin embargo, concretar una denuncia ante el Ministerio Público fue imposible.
«Ahí empezó el calvario nuestro. Las denuncias, las visitas a la morgue para que nos entregaran el cuerpo, fuimos a la fiscalía y la fiscal nos pidió llevar tres testigos que hubieran presenciado lo ocurrido”, contó el señor José.
Los testigos existían, incluso dentro de la casa donde mataron al hijo de José. Pero el problema es que luego del asesinato, las FAES visitaron la zona en otras ocasiones. Esa intimidación que hizo que las personas no quisieran involucrarse en el caso.
“Por un tiempo no hicimos nada por temor a la integridad física de la familia. Había una situación donde constantemente el FAES estaba metido donde vivíamos nosotros”, reconoció José.
Fue en ese momento cuando, gracias a un conocido, José y su familia contactaron con una ONG (la cual prefirió no nombrar). Desde ese entonces el panorama cambió para ellos.
«Una ONG nos ayudó, nos bridó el apoyo de la parte legal, con las cosas que había que escribir, el acompañamiento, asesoría psicológica, exámenes médicos, medicamentos, e inclusive con colaboración financiera”, explicó.
José aseguró que sin el apoyo que la ONG el caso de su hijo seguramente se habría estancado y dijo que aunque se avance “con la lentitud del sistema judicial venezolano”, sí siente que gracias al apoyo “todo ha dado un paso agigantado”.
“Sin esta ONG el caso estaría en una nebulosa, estaría en cero. Sería un crimen sin resolver, un ajusticiamiento injusto y degenerado que habría quedado impune”, sentenció.
Una opinión fue expresada también por Rubén González, líder sindicalista del estado Bolívar, que como parte de su lucha por derechos para los trabajadores.
La primera detención de González, según contó, fue en 2009. En ese entonces, después de una huelga de 16 días lo detuvieron en Ciudad Bolívar, un procedimiento que definió como una “emboscada”.
Desde ese momento, lo sometieron a una serie de traslados a calabozos y tribunales hasta que finalmente le otorgaron la medida de casa por cárcel. Este beneficio solo duró tres meses antes que funcionarios del Estado volvieron a detenerlo.
«Me secuestraron de mi casa y me llevaron a un tribunal. Terminaron haciendo una carta en la que decía que yo había incumplido con mi medida de casa por cárcel. Luego me trasladaron y duré 18 meses detenido”, contó.
La lucha legal de González duró varios años e implicó un sinfín de procesos judiciales, solo por ejercer su derecho a la protesta pacífica. Su principal apoyo, como en el caso del señor José también vino desde las ONG.
“Fueron varias las ONG que estuvieron muy pendientes de mí, por ejemplo Provea, siempre estuvo pendiente, el compañero Marino Alvarado con su gente. Siempre denunciaban los atropellos contra mí”, expresó.
Tanto González como el señor José expresaron su rechazo al proyecto de ley que actualmente debate la Asamblea Nacional y que fiscalizaría e intervendría a las ONG en el país.
En el caso de González él manifestó “rechazarlo con elementos suficientes”. En sentido destacó la forma en la que las ONG lo han ayudado en sus años de lucha para esa declaración.
«Ellas hacen un papel primordial para visibilizar los atropellos que han sufrido los venezolanos en los últimos años a causa del régimen. Son, como se dice, la punta de lanza de las denuncias de todos esos maltratos”, comentó Rubén González.
De aprobarse la ley en segunda discusión, el señor José dijo que sería “un golpe duro para todos los que nos apoyamos en las ONG porque limita las acciones que estas puedan hacer”.
“Eso lo que permitiría es no enjuiciar a los culpables. Va a haber más impunidad, que no haya castigo. Las personas como yo solo podremos apelar al castigo divino”, cerró.
*Se modificó el nombre del entrevistado por medidas de protección.
