El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) exige que sea investigada la masacre ocurrida el 16 de agosto de este año en el Centro de Detención Judicial Preventiva del estado Amazonas, donde 37 privados de libertad, indígenas en su mayoría, murieron a manos de funcionarios policiales tras protagonizar un motín.
Humberto Prado, director del OVP, señaló que de acuerdo con versiones obtenidas por parte de sobrevivientes, familiares y algunos funcionarios del Estado, varios privados de libertad hicieron armas contra las fuerzas policiales, originándose el enfrentamiento, pero la mayoría de los reos fueron ajusticiados, después de haberse rendido, entre las 6 y 10 de la mañana. Aquellos que quedaban heridos, fueron ejecutados.
Señala Prado que el Ejecutivo es responsable de la vida de los privados de libertad, por lo cual fue violado el artículo 43 de la Constitución de la República.
La masacre debe ser investigada y sancionados los autores intelectuales, los que dirigieron esa operación exterminio y los ejecutores ó autores materiales.
El director del OVP señaló que la masacre de Amazonas guarda mucha similitud con la masacre de Carandirú, ocurrida en 1992 en Sao Paulo, Brasil, que dejó un saldo de 111 presos muertos. Los 74 funcionarios acusados de la masacre fueron condenados a penas entre 48 y 650 años de cárcel. El año pasado el Tribunal de Justicia ordenó la anulación de los juicios.
La masacre de Carandirú comenzó por un problema entre los presos durante un partido de fútbol, la policía no pudo controlarlos, pidieron apoyo a los militares, estos invadieron el recinto carcelario, con capacidad para 3.300 presos pero albergaba 7.257, y a los 20 minutos se había consumado la masacre que marcó la historia del sistema penal brasilero.
En la operación ejecutada en Amazonas, participaron funcionarios del Grupo de Respuesta Inmediata del Ministerio del Servicio Penitenciario, Cicpc, Fuerza de Acciones Especiales (FAES-PNB), y GNB, organismos dependientes del Ministerio del Interior y Justicia y del Ministerio de la Defensa.
Contra los privados de libertad utilizaron armas largas, granadas y bombas lacrimógenas, a pesar de que las fuerzas de seguridad sabían que adentro estaban 10 mujeres y tres niños menores de 5 años, que se quedaron durante la visita del día anterior.
Después de la masacre, varios presos fueron trasladados a otros centros penitenciarios. “Buena parte de ellos son indígenas, de condición muy humilde, y deben ser devueltos a su lugar de origen para evitar retardos procesales y puedan ser visitados por sus parientes”, dijo Prado.
A dos meses de ocurrida la masacre, no ha habido ningún pronunciamiento por parte de la Fiscalía General ni la Defensoría del Pueblo. El OVP continúa con su labor de buscar la verdad de los hechos y en los próximos días presentará un informa con el resultado de sus investigaciones para elevarlas ante organismos internacionales.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sido notificada de lo ocurrido en Amazonas.
