CIDH

Luego de 17 años sin visitar a Venezuela, una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) está lista para arribar mañana al país y tratar de ingresar para reunirse con víctimas de abusos pese a la negativa del gobierno de Nicolás Maduro.

Maduro ha advertido que su Gobierno “en ningún momento” invitó a la comisión, por lo que la visita de la CIDH cuenta solo con la autorización de Juan Guaidó, quien ratificó la invitación luego de conocerse la negativa del régimen chavista.

Si bien la Organización de Estados Americanos (OEA), ente del que forma parte la CIDH, no ha aprobado ninguna resolución que reconozca de modo específico a Guaidó como presidente interino, el 10 de enero de 2019 declaró ilegítima la toma de posesión de Maduro.

En abril, reconoció a Gustavo Tarre, enviado por Guaido, como representante de la Asamblea Nacional (AN).

Agenda desconocida

Hasta ahora, la CIDH mantiene su agenda “privada”. Sin embargo, una fuente de la Comisión aseguró a Efe que la delegación sale este lunes desde Washington y prevé llegar a Venezuela el martes a las cuatro de la tarde, como confirmó el comisionado de Guaidó para los derechos humanos, Humberto Prado.

La comitiva está integrada por la presidenta de la CIDH, Esmeralda Arosemena; el secretario ejecutivo, Paulo Abrão; y el comisionado Francisco Eguiguren Praeli, y aunque su agenda se mantiene bajo reserva “se les pidió que dieran una rueda de prensa”, al final de la semana, adelantó Prado.

Arosemena terminó la semana pasada otra visita “in loco” (de observación en el terreno) en Chile, donde pudo ingresar sin inconvenientes, y conversar con personas que han sido víctimas de violaciones de derechos en medio de las protestas sociales que registra ese país.

“Este informe no prevé sanciones a los funcionarios del Gobierno de Maduro. Solo busca mostrar la situación de derechos humanos en Venezuela”, detalla Prado.

Las Ong’s

Un grupo de organizaciones no gubernamentales están en alerta ante la posibilidad de que no les permitan el acceso a la CIDH al país, por considerar que esta visita es una “oportunidad única” para que quienes hayan sido afectados por el régimen.

“Negar el ingreso a Venezuela de la CIDH es negar a las víctimas la posibilidad de obtener justicia y alentar la impunidad”, expresó en Twitter la organización Cofavic, que por más de 30 años ha denunciado irregularidades por parte de los Gobiernos y sus autoridades.

Por su parte, la organización Provea criticó la negativa expresada por el canciller venezolano, Jorge Arreaza, en nombre de la llamada revolución bolivariana.

“Nada extraño de una dictadura que asesina a los jóvenes en las zonas populares con el escuadrón de la muerte (grupo policial) FAES, que practica la desaparición forzada y la tortura, mantiene cerca de 400 presos políticos, aumenta la miseria y la exclusión”, comentó Provea, que considera al Ejecutivo chavista un “Gobierno de facto”.

Además la asociación Acción Solidaria, que defiende a las personas con VIH, también espera que se concrete esta visita y ha advertido que no se deben tomar represalias de ningún orden “en contra de las personas o entidades que hayan cooperado con la CIDH mediante informaciones o testimonios”.

Enemistad con la OEA

El diputado Saúl Ortega ha sido hasta ahora el único dirigente oficialista que asegura se le prohibirá el acceso a la comitiva de la CIDH.

“No van a ingresar, esto es un Estado serio (…) ya lo dijeron las autoridades y punto. Se quedarán con las ganas y punto”, dijo a la emisora Unión Radio Ortega, presidente de la comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea Nacional Constituyente, integrada solo por chavistas.

Antes, en la misiva publicada por el canciller Arreaza, el chavismo advirtió que Venezuela “desconoce y no otorga valor jurídico alguno a las actuaciones desarrolladas por la OEA y la Comisión Interamericana por personas que usurpen o pretendan usurpar la representación legítima de nuestro país”.

Maduro presentó su salida formal de la OEA en 2017 por considerar que la OEA violó el artículo de su carta que establece la no intervención en asuntos de la jurisdicción interna de los Estados miembros y se hizo efectiva el pasado mes de abril. (EFE)




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