Las 52 cárceles de Venezuela están minadas de problemas complejos de hacinamiento, corrupción, desnutrición y violaciones de derechos fundamentales a decenas de miles de hombres y mujeres detenidos, según un informe presentado por el Observatorio Venezolano de Prisiones en una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Hasta tres voceras asociadas a la Organización No Gubernamental venezolana expusieron la coyuntura penitenciaria del país suramericano, en una audiencia de 30 minutos el pasado viernes, en el período de sesiones 183 de la CIDH.
El reporte precisó que Venezuela tiene 52 cárceles, de las cuales 35 son para hombres, una para mujeres y 16 son anexos femeninos. Pueden albergar a 20.438 personas, pero la población carcelaria es hoy de 32.200 detenidos.
El informe indica que 35.000 personas permanecen en centros de detención policiales de las 23 regiones y el Distrito Capital de la nación. En total, son 67.200 presos, de los cuales 2.500 son mujeres, según el informe presentado ante la CIDH.
El hacinamiento es “crítico”, de hasta 158%, comenta este lunes la directora del Observatorio, la abogada venezolana Carolina Girón, a la Voz de América.
Detalla el texto que el gobierno venezolano ha cerrado 11 centros penitenciarios y denuncia la falta de mantenimiento a la infraestructura del sistema carcelario.
Los presos en Venezuela viven en pabellones y áreas comunes, no en celdas individuales, afirma. Esos espacios son dominados por líderes conocidos como “pranes”, cuyos grupos cobran en dólares a toda la población por cupos de comida, puestos para dormir y la posibilidad de tener visitas conyugales.
“Todo se paga en dólares. Esto viene ocurriendo desde hace rato, desde que la economía se dolarizó de facto”, entre 2018 y 2019, según economistas, apunta. Esos pagos se realizan en efectivo o, incluso, por transferencias bancarias.
Girón se atreve a denunciar que los pagos de reos y sus familiares por mejores condiciones de vida dentro de las prisiones no se hacen solo a los “pranes”.
“También cobran funcionarios del ministerio de servicios penitenciarios. Es una corrupción total de custodios y funcionarios de la Guardia Nacional. Esto ocurre en todas las cárceles, haya ‘pranes’ o no”, advierte tras su audiencia del viernes.
Si el familiar de un preso desea llevar a determinada cárcel de Venezuela una naranja o un envase de agua potable adicional, le cobran, asegura. Esos cobros obligan a los familiares a vender electrodomésticos y enseres del hogar.
“Llegas a sus casas y están desmanteladas. Tienen que pagar para que su ser querido viva. Cobran por todo, hasta por respirar”, asevera Girón.
El gobierno venezolano, presidido por Nicolás Maduro, niega que haya crisis en las cárceles y desmiente que “pranes” dominen esos espacios. En el primer semestre de 2021, liberó a cientos de detenidos bajo el régimen de “confianza tutelada”, como parte de una política de prevención contra el COVID-19.
Según el poder ejecutivo, los reos venezolanos reciben cátedras de formación política y “de patria”, mediante la enseñanza de historia nacional y valores.
Maduro designó en 2021 una comisión para liderar una “revolución judicial” a fin de terminar con los retardos procesales y el hacinamiento en las cárceles. Fueron nombradas seis comisiones, integradas por miembros de los cuerpos policiales, la Fiscalía, el Tribunal Supremo de Justicia y ministerios del gobierno central.
Diosdado Cabello, líder de la comisión, ha argumentado públicamente que la situación dentro de los centros de arresto preventivo se agravó por la pandemia.
Desnutrición severa
La desnutrición es un asunto grave y en escalada en las cárceles de Venezuela. Entre 2017 y enero de 2022, 960 personas fallecieron en las prisiones del país y 412 de ellas murieron por enfermedades derivadas de la falta de alimentación.
En calabozos policiales, murieron 770 detenidos en ese mismo período, 261 por desnutrición. Entonces, 773 de los 1.730 presos fallecidos perecieron por desnutrición, denuncia el Observatorio Venezolano de Prisiones.
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