Voceros de la comunidad de Ikabarú en La Gran Sabana acudieron a la Fiscalía General de la República para solicitar el desarme total de los indígenas pemones que conformaron un ejército paralelo para usurpar las funciones de las autoridades policiales y militares.
Jony Lugo, uno de los denunciantes, dijo que los pemones en complicidad con indígenas del lado brasilero actúan como paramilitares, ostentan armas largas (fusiles AK-47), cobran vacunas, instalan alcabalas que llaman puntos de control, practican detenciones, maltratos físicos y otros desmanes en perjuicio de esa comunidad que está compuesta por 1.500 familias. El propio Lugo estuvo secuestrado durante tres días, y manejan versiones de familiares de varios desaparecidos.
De la situación notificaron a la Fiscalía 6ta y al delegado de Derechos Fundamentales en la Gran Sabana y Puerto Ordaz, estado Bolívar, y en vista de que no tomaron acciones, decidieron viajar a Caracas.
Mediante la actuación de la Fiscalía 91 con competencia indígena, llegaron a un acuerdo la noche del martes y los pemones entregaron solamente tres armas, pero los denunciantes exigen que los desarmen completamente porque son 300 paramilitares, comandados por Juan Gabriel González.
Les piden al Fiscal General y al ministro del Interior y Justicia, Néstor Reverol, que actúen conforme a la ley.
A los habitantes que ingresan con víveres que han comprado fuera les exigen un porcentaje sobre el monto de la factura, a los bodegueros les cobran 150.000 bolívares semanales de vacuna, y el dinero recaudado lo emplean en la compra de armamento.
Hacen llenar unas planillas que denominan guías de movilización y los efectivos de la GNB deben firmarlas. Ellos se autodenominan guardias territoriales, e hicieron desalojar dependencias policiales como el Cicpc de Santa Elena de Uairén, en el año 2013.
