El partido Voluntad Popular (VP), del político preso Leopoldo López, pidió este lunes a la Fiscalía cumplir con la medida cautelar de protección que le otorgó la Comisión de Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a cuatro de sus dirigentes por considerar que sus vidas están en «riesgo».
«El día de hoy hemos acudido a la Fiscalía General de la República para solicitar que se adopten las medidas otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos» al diputado Freddy Guevara, al diputado Ismael León, al alcalde del municipio Hatillo de Caracas, David Smolansky y al activista Juan Pablo López, dijo la consultora jurídica del partido, Ana Leonor Acosta.
Pedimos que se respeten los derechos políticos de cada unos de los presos que piensan distinto al Gobierno. pic.twitter.com/ofVA7hZbL3
— Voluntad Popular (@VoluntadPopular) 6 de febrero de 2017
En declaraciones a los periodistas desde la Fiscalía, Acosta indicó que la CIDH pidió «al Estado venezolano que adopte las medidas para garantizar la vida y la integridad física» de Guevara, León, López y Smolansky.
Asimismo, dijo que la comisión considera que hay una «situación de urgencia» y que existen «actos de hostigamiento y de violencia» contra quienes piensan distinto al Gobierno.
La CIDH señala, en la resolución que emitió el pasado 14 de enero, que luego de analizar las alegaciones de hecho y de derecho presentadas por VP, se demuestra que David Smolansky, Freddy Guevara, Ismael León, Juan Pablo López Gross y otros seis miembros de VP, están en «situación de gravedad y urgencia».
«Toda vez que sus vidas e integridad personal estarían amenazadas y en riesgo», continúa la decisión.
En ese sentido, la Comisión solicitó a Venezuela adoptar las «medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad personal» de esos diez activistas, así como garantizar los derechos políticos de Guevara, León, López y Smolansky, para que puedan desarrollar su actividades sin ser objeto de «hostigamiento» y «amenazas».
La CIDH pidió también a Venezuela adoptar las medidas necesarias para garantizar que la abogada de VP Theresly Malavé pueda desarrollar sus actividades como «defensora» de derechos humanos.
Asimismo, solicitó asegurar que las condiciones de detención de Alexander Tirado, Raúl Emilio Baduel, Ángel Contreras, Yon Goicoechea y Delson Guárate se adecúen a «estándares internacionales».
Por último, la Comisión pidió que se concierten las medidas a adoptarse con los beneficiarios y sus representantes, así como que el país «informe sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los presuntos hechos» que dieron lugar a la medida cautelar «y así evitar su repetición».
Esta medida cautelar fue solicitada para la protección de 94 miembros del partido en septiembre de 2015, pero según señala la decisión de la CIDH, para decidir por el caso de los demás miembros «es necesaria la presentación de información más detallada».
Voluntad Popular ha denunciado en distintas oportunidades que el Gobierno del chavista Nicolás Maduro tiene una «persecución» política en su contra.
