GNB represión zonas residenciales
(Foto: Simone Monasterio)

El coordinador político de Voluntad Popular en Carabobo, Reinaldo Marrero, criticó la forma cómo algunos funcionarios de los cuerpos de seguridad del Estado han venido amedrentando a la sociedad civil carabobeña.

El dirigente político señaló hechos como los perpetrados en algunos sectores como El Trigal, Bella Florida, La Isabelica y La Pradera de San Joaquín, donde efectivos uniformados han lanzado bombas lacrimógenas en forma indiscriminada hacia urbanismos y conjuntos residenciales.

Incuso perjudicando a personas que no estaban realizando ningún tipo de protestas, con la excusa de estar buscando a manifestantes, situación que ha puesto en riesgo la salud y la tranquilidad de familias, especialmente de niños y adultos mayores.

Marrero consideró el hecho como un acto criminal donde no solo se ha violentado en algunos casos la propiedad privada, sino también por el desproporcionado uso de la fuerza y del terror infligido para quebrantar la moral de vecinos que se encontraban en la tranquilidad de sus hogares con sus familias, pues en los casos señalados las protestas no se estaban realizando en los sitios mencionados, sino en zonas aledañas.

“A los cuerpos represores del Estado se les ha ido la situación de las manos y no se dan cuenta que están cometiendo delitos en contra de los derechos humanos de comunidades enteras que, sin estar cometiendo algún delito, o sin representar ningún tipo de amenaza para el orden público, son atacados con estos gases venenosos, en hogares donde viven niños y personas mayores que sienten terror por no entender muchas veces lo que está sucediendo”.

El activista de Voluntad Popular, aseguró que ninguno de estos hechos quedará impune ante la justicia, razón por la cual conminó a los efectivos de rango bajo y medio a no obedecer órdenes que busquen violentar Derechos Humanos, pues ante éstos, no habrá escusa posible.

“Es indignante escucharlos decir a estos efectivos que: “están obedeciendo órdenes superiores”; pero resulta que ante la justicia estos delitos son personalísimos, así que, dado el momento de que en el país se restablezca la constitucionalidad y el estado de derecho, cada quien estará obligado a responder por sus propios actos”.

Marrero aplaudió el hecho de que la justicia venezolana haya puesto en prisión a dos Guardias Nacionales involucrados con la muerte de Geraldine Moreno, así como la detención de los dos funcionarios de la policía de Carabobo vinculados con la muerte de Daniel Alejandro Queliz; no obstante, cree que se debe llegar más lejos, pues la responsabilidad también debería recaer sobre quienes dieron las órdenes.

“Esto debe ser un llamado de atención para los rangos inferiores de los cuerpos de seguridad, para aquellos que están en las calles, pues a la hora de pasar cualquier cosa, quienes dirigen las operaciones quedan impunes y la justicia solo castiga a quien se justificaba con aquello de estar cumpliendo órdenes. No se pueden cumplir órdenes que violenten el estado de derecho, que vayan en contra de la Constitución y las leyes, que afecten derechos fundamentales”, puntualizó.




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