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Frente al cuadro de desamparo institucional en que se encuentran los ciudadanos frente al estado, la mayoría democrática del país se pregunta: ¿qué van a hacer nuestros Diputados de la Asamblea Nacional (AN): levantar la mano para aprobar leyes que la Sala Constitucional del TSJ declarará nulas?, ¿interpelar a Ministros y demás funcionarios que harán caso omiso de las convocatorias y se mofaran de los llamados del poder legislativo, con el espúmeo e infundado alegato del “desacato”? Hasta ahora la A.N., al menos en lo formal, ha podido responder -aun con no pocos bemoles típicos de los avatares democráticos- al despotismo y ala arbitrariedad del régimen,  mediante la producción de sendas decisiones de incalculable valor jurídico constitucional: primero,  con el establecimiento de la responsabilidad política de Nicolás Maduro por los desaciertos y desmanes que en el manejo de la cosa pública incurrió, tanto él como su torpe gabinete, lo cual ha sido la principal causa de los graves daños sufridos por la población venezolana que se ha visto empobrecida y desmejorada día a día en sus condiciones de vida; asesinada brutalmente por el hampa en nuestras calles y hogares como consecuencia de la omisión de una política efectiva de resguardo policial y prevención delictual; y, enferma por erradas ejecutorias gubernamentales de carácter sanitario y de salud, en su casi totalidad desacertadas y socialmente excluyentes y sin posibilidad de cura humanitaria porque reiteradamente la misma ha sido negada por todos los personeros oficiales, tanto en nuestro país, como en la misma ONU.

La segunda decisión trascendental tomada por la AN, luego de la declaratoria de responsabilidad política, fue la que calificó el abandono del cargo en que incurrió Maduro, por haber subvertido el orden constitucional que le establecía no solo unos deberes específicos que nunca atendió sino además, una forma jurídica constitucional obligatoria para los actos ejecutivos, la cual no solo omitió, sino de la que se burló, abandonando, de manera flagrante y grosera, sus sagradas funciones presidenciales para las cuales juro cumplir fielmente.

Pues bien, habiendo logrado estos dos invalorables acuerdos políticos que recibieron el respaldo de la sociedad civil, la misma que ha fuego lento, ha padecido los desmanes de este ignominioso sistema, ¿qué le corresponderá hacer a nuestros diputados -líderes políticos, que se ha dicho de paso, emergieron en la última y más legitima hazaña democrática como lo fue las elecciones del 6 de diciembre del 2015- en la A.N.?, ¿acaso transar con el gobierno para que mediante un acuerdo celebrado de espaldas a los ciudadanos, el TSJ acepte la vuelta al “redil” de la A.N., a cambio de que ella “homologue” los créditos ya recibidos por Maduro sin su autorización; y firme los próximos créditos ofrecidos por la CAF y la banca china?. Nos negamos a creer esto… La agenda de este 2017 no puede proyectarse sobre un escenario convencional, pues no es convencional lo que frente a nuestros ojos crece cada día: hambre, hampa, desabastecimiento, muerte, inflación, epidemias y enfermedades sin cura.

¿Qué rol deben asumir nuestros diputados de la A.N, como expresión legítima de nuestra fuerza democrática contra el gobierno?, ¿cómo seguir siendo Diputados de un sector que representa casi el 70% de los venezolanos que votaron en las últimas elecciones sobreponiéndose a las violaciones que descaradamente hizo el ejecutivo en contra de las normas electorales?; en pocas palabras, ¿cómo asumirse mandatarios políticos de un sector opositor y disidente a un gobierno claramente dictatorial, corrupto, fallido y forajido, nacional e internacionalmente?

No les queda más remedio a nuestros 112 representantes (incluidos los de Amazonas) que regresar a la provincia donde fueron electos, a los centros urbanos y poblaciones rurales que los eligieron, para comenzar junto con sus electores, es decir con toda la sociedad civil disidente, a materializar procesos legítimos y constitucionales de rebelión civil, poniéndose cada uno de ellos, en cada estado, al frente del pueblo venezolano, quien como legitimo depositario de su “tradición republicana, a su lucha por la independencia, la paz y la libertad” debe comenzar YA a desconocer a este oprobioso régimen violador de derechos humanos; a la legislación dictada por una secta lacaya de ese régimen y cómplice activo de esas violaciones; y a unas autoridades ejecutivas que, tanto sus representantes del más alto rango (el Vicepresidente El Aisami) como su entorno familiar más íntimo (los sobrinos Flores) han sido denunciados y procesados como narcotraficantes.

Por cierto, a la fuerza de los últimos acontecimientos, ¿cómo nos hubiera juzgado la historia, si hubiésemos llegado a suscribir un acuerdo con esta casta política, como parte de un dialogo que nadie quería y ahora con mayor razón rechazamos?, ¿acaso alguien creerá que es tiempo para darle un nuevo barniz democrático mediante un dialogo, a lo que ya se avizora como una crisis terminal del Chavismo?.




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