De la estructura solo quedó el nombre. Todo lo demás fue desmantelado. Manuel Pérez Rodríguez es enfático y tajante para describir la desgracia que han visto sus ojos. La Planta de Tratamiento de Aguas Residuales La Mariposa es una víctima más del caos sanitario y ambiental en que se transformó la calidad del agua en Carabobo. “Allí se perdió toda la inversión que se hizo. Hubiera sido excelente que la planta hoy estuviese funcionando, pero la desidia y la irresponsabilidad de la Compañía Anónima Hidrológica del Centro (Hidrocentro) dejaron perder las instalaciones”, analiza el ingeniero civil sanitarista y director general de la Fundación Movimiento por la Calidad del Agua (Fmpca).
La Corporación Andina de Fomento (CAF) aprobó en julio de 2014 un crédito para la rehabilitación de la planta. 125,5 millones de dólares serían otorgados para el proyecto que según el Gobierno será ejecutado en cuatro años. El concurso de la obra fue ganado por el consorcio Aguas de Tacarigua: un conglomerado de empresas desconocidas y que no son especificadas por la estatal. Sus nombres no aparecen ni en el contrato internacional ni en la página web de Hidrocentro.
Aguas de Tacarigua no tiene antecedentes probables
Lucio Herrera Gubaira es director legal de la Fmpca. Está preocupado por la falta de datos. Explica que un consorcio no es ilegal, pero que según la Ley de Contrataciones Públicas está obligado a regirse por principios de honestidad, transparencia y acceso a la información. Y eso implica que, dado que Aguas de Tacarigua no tiene antecedentes probables, las compañías que lo integran deberían estar especificadas individualmente para poder ser auditadas por cualquier ciudadano.
¿Podría ser una estrategia?, Gubaira explica que no especificar cuáles son las empresas que conforman Aguas de Tacarigua puede ser visto como una técnica para invisibilizarse ante el escrutinio público. Los artículos 141 y 143 de la Ley de Contrataciones lo demandan. “En Venezuela se han venido vulnerando estos principios fundamentales con el establecimiento de estados excepción o de emergencia; por leyes habilitantes han pretendido minimizar su aplicación dando lugar a contrataciones sin la debida información pública”. Por ello el vigente decreto de estado de excepción justificaría las acciones gubernamentales, lamenta el abogado.
Rodríguez recuerda que sobre La Mariposa hay una inversión millonaria. Más de 140 millones de dólares, tomando en cuenta el último boletín de CAF y otro contrato que en 2001 firmó la entonces ministra de Ambiente, Anaelisa Osorio, para la ampliación a una segunda etapa de la planta, que según la Fmpca, quedó en no más de 30%, pese a que tuvo que ser terminada en 2007.
La Mariposa recibe las aguas negras de los municipios Naguanagua, Valencia y Libertador. Su ubicación estratégica, a 11 kilómetros al suroeste de la capital, en el asentamiento campesino La Mariposa, le permite hacer descargas de sus residuos al río Paíto. Esto es fundamental, pues es afluente de la principal fuente hídrica de Carabobo: el embalse Pao-Cachinche. Si La Mariposa no funciona, al tanque de agua natural de los carabobeños le llega cloaca cruda y sin tratamiento. “Estamos hablando de unos 11 mil 600 litros por segundo, o lo que es parecido a un camión cisterna pero lleno de desechos”.
Desde mediados de 2015 la planta fue abandonada por la empresa responsable: Hidrocentro. Se descuidó la seguridad de las instalaciones, por lo que el hampa ingresó indiscriminadamente. Un informe de la estatal lo reconoce: “Los diferentes componentes electromecánicos de la planta de tratamiento en sus etapas 1 y 2 se encuentran en un alto grado de deterioro, hecho que obligaría a pensar en una reposición de buena parte de ellos”.
Los “aireadores” fueron sacados de su sitio, abiertos, robados y tirados por piezas y abandonados
El documento oficial se refiere a los aireadores: piezas con una hélice y un motor que, dispuestos de forma vertical sobre las lagunas de La Mariposa, permiten crear turbulencia en el agua. Ese proceso se denomina aireación. Los “aireadores” fueron sacados de su sitio, abiertos, robados y tirados por piezas y abandonados a la intemperie en la estructura que se diseñó en 1982 y se inauguró en 1989. Hay al menos 102 aireadores, cada uno valorado en 64 mil dólares en su momento, que hoy están completamente inservibles.
Para Rodríguez, sin aireación, La Mariposa no es más que una serie de lagunas artificiales (llamadas módulos o reactores biológicos) que no cumple ninguna función. Es un cierre técnico. Significa que las cloacas están llegando directamente al embalse sin tratamiento. Exactamente: cinco mil 600 litros por segundo que salen de la planta sin interrupción.
En enero de 2016 la presidenta de Hidrocentro acudió a una interpelación en la Asamblea Nacional. Luigina Cercio desmintió que La Mariposa estuviera parada. Le definió como una “disminución de operaciones” que, gracias al apoyo del financiamiento internacional sería resuelta pronto. Pérez contrasta esas declaraciones, al recordar que si no se trata ni un litro de agua por otro método que no sea la aireación atmosférica, la planta no funciona.
Rodríguez y Gubaira exhortaron a Hidrocentro a informar sobre las empresas que tendrán la concesión de La Mariposa durante los cuatro años siguientes. Pidieron a CAF establecer de manera urgente un método de contraloría e información. Temen un desfalco nuevamente, como ya ocurrió con los recursos aprobados durante la gestión del fallecido presidente Hugo Chávez y que dejaron solo ruinas en la principal estructura de tratamiento de aguas residuales de Carabobo.
