Foro penal en el centro cultural del Carabobeño.
(Foto Rafael Freites)

Más de 40 personas fueron juramentadas la mañana de este sábado como defensores activos de los Derechos Humanos y deberán velar por el bienestar de los presos políticos, en especial en Carabobo.

A este voluntariado le tomó juramento Alfredo Romero, director ejecutivo de la ONG Foro Penal Venezolano, durante una asamblea de ciudadanos efectuada en Naguanagua.

Romero expresó que cualquier persona puede ser miembro. La preparación estará a cargo del Foro Penal y se concretará a través de charlas, conferencias y debates para establecer un plan de acción para los perseguidos políticos.

En Venezuela existen 109 casos de personas detenidas por protestar. En Carabobo, Antonio Garby y Juan David Poletti están recluidos en el penal de Tocuyito. Mientras que Ángel Betancourt recibió beneficio de casa por cárcel.

Los miembros del Foro Penal recorren todo el país, con el fin de incorporar el mayor numero de activistas, que tendrán como tarea principal apoyar a los familiares de los presos políticos, visitar a los penales donde están recluidos y exigir la libertad plena y absoluta de estas personas.

Los cinco de Ramo Verde

El Foro Penal trabaja por la libertad plena de los cinco ex funcionarios de la Policía Metropolitana de Caracas, acusados y condenados por las muertes del 11 de abril del 2002. Aún sin pruebas en su contra permanecen detenidos.

Marcos Hurtado, Arube Pérez, Héctor Rovaín, Luis Enrique Molina y Erasmo Bolívar suman casi 14 años en el Centro Nacional de Procesados Militares Ramo Verde, en Los Teques estado Miranda. La condena que enfrentan los ex policías va desde 17 hasta 30 años de prisión.

Marcos Hurtado no estaba destacado en las cercanías de Puente Llaguno, su sitio de trabajo era El Calvario, junto a otros 30 funcionarios.

Enfrenta una condena de 17 años y 6 meses.

Su hija, Chiquinquirá Hurtado de  21 años, actualmente es miembro activa del Foro Penal, encargada de las actividades de esa organización en Caracas.

Arube Pérez fue sentenciado a 17 años y 9 meses, mientras Luis Enrique Molina, Héctor Rovaín y Erasmo Bolívar a 30 años de prisión.




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