Fue una visita sorpresa. El grupo era nutrido. Funcionarios de la Reserva Activa 4F y Milicia Bolivariana Sundde con sus uniformes militares lo lideraban. Detrás de ellos personal identificado con sus chalecos rojos de la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (Sundde) y de la de Gestión Alimentaria (Sunagro) acompañaban a representantes de Pdval. Pero más allá de fiscalizar la panadería fueron a negociar materia prima sobre la que tienen el control y que solo suministran a establecimientos que se comprometan a bajar 85% los precios.

Matilda Almeida no se impresionó. Entregó cada papel, documento y carpeta llena de facturas. Explicó que desde hace más de un año debe comprar trigo, azúcar, manteca y margarina a sobreprecio para poder mantener las santamarías arriba. También admitió vender por horarios, tres veces al día, una cantidad limitada de pan en una única presentación: canilla, y que las colas se han hecho cada vez más frecuentes porque la demanda supera la oferta.

Los funcionarios revisaron todo. Hicieron muchas preguntas y escucharon con atención cada respuesta. Los de la Sundde se encargan de la inspección legal, Sunagro de inventario de materia prima recibidas y las necesidades reales, y los de Pdval hacen el convenimiento del suministro.

Así fue el operativo de abordaje que inició la mañana del viernes en Naguanagua como parte de la Gran Misión Abastecimiento Seguro (GMAS). 36 panaderías comerciales y 48 artesanales fueron visitadas. En todas se les explicó que ya no habrá proveedores particulares haciendo despacho de trigo. Será Pdval y los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) los únicos entes encargados de tal labor, según explicó Bussy Galeano, responsable político de Naguanagua y San Diego del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).

Cada saco de 45 kilos será vendido de esta manera en nueve mil bolívares. Almeida no pudo evitar reírse al escuchar ese monto. Ella lo paga en 60 mil a revendedores que, en su mayoría, son Guardias Nacionales. Así que si aceptaba el suministro del Estado tendría que comprometerse a bajar los precios en la misma proporción. “La idea es garantizar el abastecimiento de pan francés, canilla, campesino y el tradicional pan de jamón a precios justos”, expresó Galeano.

SUMINISTRO INSUFICIENTE

En Carabobo funcionan 660 panaderías. Algunas requieren 100 sacos al mes de trigo, pero otras, las más grandes, entre 300 y 400. Durante el inicio del operativo en Naguanagua se conoció que el Estado cuenta con 45 mil sacos al mes, que en promedio serían 68 para cada establecimiento.

La cifra es preocupante. José Dichy, director de la Asociación de Panaderos de Carabobo (Acipan), dijo que desde que se anunció que el suministro del insumo es responsabilidad de entes adscritos al Gobierno como Pdval y los CLAP han tenido reducciones en sus inventarios determinantes.

A eso se le suman los cuestionamientos que se le hacen a la calidad del trigo que entregarán tomando en cuenta que el trigo es un cereal muy delicado y debe ser procesado y despachado con rapidez para evitar el nacimiento de hongos y gusanos. Las empresas molineras, que por tradición han manejado el negocio, lo saben y funcionan con mecanismos de seguridad e higiene adecuados.

El operativo de Naguanagua no fue el primero en el estado. Desde hace dos semanas iniciaron en Guacara, Carlos Arvelo, Puerto Cabello, Bejuma, Montalbán y Miranda. Y aunque se les prometió un despacho rápido del trigo aún no se ha hecho el primero.




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