El director de la Policía Municipal de Anaco (Polianaco) y otros 11 funcionarios fueron detenidos este miércoles tras la muerte bajo custodia del exconcejal oficialista José Manuel García Sabino.
El hecho se produjo luego de que García Sabino, de 31 años de edad, fue hallado sin vida el 9 de mayo en la noche en los calabozos de la sede policial donde permanecía recluido desde febrero. Las autoridades plantearon inicialmente la hipótesis de suicidio, después de que la víctima fue encontrada colgada en el área de los baños del recinto. Sin embargo, el informe forense descartó esa versión y determinó como causa de muerte la asfixia mecánica por estrangulamiento.
Cicpc cataloga muerte de exconcejal como homicidio
A raíz de los resultados de la autopsia, el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) reclasificó el caso del exconcejal como homicidio y abrió una investigación penal para determinar responsabilidades en la custodia del detenido y en el propio organismo policial.
Las autoridades ordenaron la detención del director de Polianaco y de otros 11 funcionarios policiales, señalados por presuntas fallas en los mecanismos de vigilancia y control del detenido. Los 34 reclusos que compartían el espacio de reclusión con García Sabino también quedaron bajo investigación, mientras avanzan las pesquisas del Ministerio Público.
Caso resalta problemas en el sistema judicial
El ingeniero José Manuel García Sabino era exconcejal del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). Su caso ganó visibilidad pública tras denuncias sobre presuntas tensiones políticas y señalamientos de corrupción en el ámbito municipal, de acuerdo con versiones de actores políticos y exfuncionarios judiciales.
El exconcejal fue detenido el 23 de febrero en una investigación por presunta estafa agravada continuada vinculada a un sistema de ahorro informal conocido como Susú, utilizado para la compra de motocicletas. Según reportes regionales, denuncias por incumplimiento en ese esquema derivaron en el proceso judicial.
La muerte bajo custodia del Estado ha generado declaraciones de rechazo del hecho por parte de organizaciones de derechos humanos y sectores políticos.
La ONG Foro Penal confirmó el fallecimiento e incluyó el caso en sus registros de personas privadas de libertad fallecidas en Venezuela, y advirtió sobre la recurrencia de ese tipo de hechos.
