210 abogados asesinados en Honduras desde 2004, 93% de los casos permanecen impunes
/ Foto: Cortesía (Twitter)

Alrededor de 210 abogados han sido asesinados en Honduras entre 2004 y lo que va de 2023, informó este martes la titular del Comisionado de los Derechos Humanos, Blanca Izaguirre, quien indicó que ejercer la abogacía se ha convertido en una profesión de «alto riesgo» debido a la violencia.

Entre enero de 2022 y mayo de 2023, el organismo de derechos humanos registró más de una veintena de hechos violentos en los que murieron una docena de abogados.

Izaguirre indicó que las constantes agresiones, amenazas a muerte, atentados, el desplazamiento forzado y el asesinato han convertido a la profesión del derecho en una de «alto riesgo» para quienes la ejercen.

El 93% de los casos de asesinatos de abogados se encuentran en la impunidad, lo que «impide que se conozcan las verdaderas causas por las que pierden la vida violentamente los que se dedican al ejercicio de esta profesión», subrayó.

La profesión de derecho «es humanista» y en Honduras conlleva «muchos riesgos», señaló Izaguirre, quien dijo que las condiciones de seguridad en el país «no han sido las más propicias para salvaguardar la integridad física y la vida» de los abogados.

Ejecutados frente a sus familias

La mayoría de las víctimas fueron ejecutadas en el interior de sus vehículos, muchos de ellos cuando viajaban con miembros de su familia, añadió el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH).

Los departamentos de Olancho, El Paraíso, Valle, Cortés, La Paz, Francisco Morazán y Atlántida, oriente, sur, norte, centro y caribe del país, son las regiones que más muertes violentas de abogados registran, señaló el organismo, sin precisar cifras.

Izaguirre enfatizó que las autoridades hondureñas tienen la «obligación de garantizar que los abogados desempeñen sus funciones profesionales sin ningún tipo de intimidación».

Las autoridades de Honduras deben brindar «la debida protección» a los abogados y a su familia, principalmente cuando «su integridad física y la vida están en riesgo» como producto del ejercicio de su profesión.

La Defensora del Pueblo instó a Honduras a fortalecer la investigación y mejorar la coordinación entre los operadores de justicia para poner «un alto a la impunidad que prevalece en el país». EFE




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