Directivos de 29 colegios de enfermeros del país le enviaron un oficio al defensor del pueblo, Alfredo Ruiz y al ministro de Salud, Carlos Alvarado, donde exponen la situación de ese gremio ante la pandemia de COVID-19. Entre otras cosas piden que se les garantice la dotación eficaz de equipos de protección personal para atender debidamente a los pacientes.
En el documento, enviado a nuestra redacción por el presidente del Colegio de Enfermeros de Carabobo, Julio García, señalan que la situación laboral de los profesionales de enfermería en Venezuela es cambiante y con tendencia a la desmejora permanente, materializada por violaciones de derechos humanos continuada.
Se refieren además al déficit de profesionales de la enfermería en las instituciones pública de salud, lo cual piden sea revisado.
Falta de profesionales
Estiman que para el 2015 el sector público contaba con más de 100.000 profesionales, hoy apenas se cuenta con unas 60.000 enfermeras, situación que refleja la disminución de profesionales de la enfermería, en un 40%.
Aseguran que esta problemática genera sobrecarga laboral, que se traduce en mayor riesgo, estrés, y pone que situación de vulnerabilidad al profesional de la enfermería, sobre todo cuando se trata de la atención de pacientes COVID-19, que requiere el cumplimiento de los protocolos.
Los enfermeros piden a los funcionarios gubernamentales, reconocerse el estado de emergencia por el déficit de profesionales de la enfermería, así como propiciar un plan de empleo, que incluya mejoras de condiciones socio económico.
Protección e información epidemiológica
Piden que se les suministre equipos de protección personal como mascarillas (artesanales), refieren que los guantes son insuficientes (siendo solicitados en su mayoría al usuario), en que existe desconocimiento sobre la disponibilidad de los EPP especiales para la atención de los casos sospechosos o confirmados.
Expresan además que consideran que existe un silencio epidemiológico ante los datos de profesionales de la salud contagiados, lo que impide a los gremios profesionales el observar las estadísticas de los indicadores de salud de sus miembros, que se requieren para la implementación de políticas y protocolos de salud acordes a la realidad de la pandemia.
Piden que se garantice el suministro de agua potable en todos los centros de salud para poder realizar un normal trabajo diario.
Intimidación
También piden que cese la violencia e intimidación en contra de los dirigentes gremiales de la enfermería y que se establezca una investigación para sancionar a los funcionarios públicos que participan en las violaciones de los derechos laborales y de libertad sindical.
Señalan que las amenazas, estigmatización y represalia contra la dirigencia gremial no es nuevo, en los últimos dos años, el cuerpo directivo ha sido señalado cruelmente encausado a procesos indeseados, hasta el punto de detener injustamente en el 2017 a Julio García presidente de Colegio de Enfermeras(os) del Estado Carabobo.
En este sentido el máximo organismo en materia laboral, como es la OIT, pertinentemente ha declarado que “el ejercicio del sindicalismo constituye una actividad de alto riesgo en el país”.
Sigue siendo importante recordar, que entre las conclusiones de la Comisión de la OIT, establece que se tomen las medidas necesarias para asegurar la existencia de un clima desprovisto de violencia, amenazas, persecución, estigmatización, intimidación u otra forma de agresión, en el que los interlocutores sociales puedan ejercer sus actividades legítimas, incluida la participación en un diálogo social con todas las garantías.
En particular, la Comisión recomienda: el cese inmediato de todos los actos de violencia, amenazas, persecución, estigmatización, intimidación u otra forma de agresión a personas u organizaciones en relación con el ejercicio de actividades gremiales o sindicales legítimas, y la adopción de medidas para garantizar que tales actos no se repitan en el futuro.
Es así, que se debe alertar a las autoridades que se pone de manifiesto el incumplimiento por parte de los patronos lo supra señalado, por el contrario se acrecienta en tiempos de pandemia esta problemática. Esta se da sobre la base de procedimientos amañadas e irregulares, y esto demuestra la intolerancia social de un sistema gubernamental que no considera la otredad, reconocimiento y el dialogo social entre los actores sociales del sistema de trabajo.
Denuncian que directivos de gremios han recibido amenazas gubernamentales como es el caso de Hania Salazar, presidenta del Colegio de Profesionales de Enfermería del Estado Zulia, por convocar al personal de enfermería a registrar la situación apremiante de los diferentes centros sanitarios.
Igualmente el caso de Noris Araujo, presidenta del Colegio de Profesionales de Enfermería de Trujillo: Marisela Cegarra, vice-presidenta: y Maricela Briceño, Bibliotecaria, quienes no cobran salario desde el 13-06-2020 en el Centro Hospital Trujillo Adscrito al Instituto Venezolano del Seguros Social, por el solo hecho de haber realizado exigencias laborales.
Esto ocurre sin que se hayan dictado medidas y procedimientos administrativos, que establezca algún proceso sancionatorio, lo que refleja el abuso de autoridad para limitar la gestión gremial.
Igualmente la situación de Yesika Vidal, presidenta del Colegio de Profesionales de Enfermería del Estado Aragua. Esta dirigente persistentemente realiza exigencias laborales cónsonas a la realidad hospitalaria, pero desde el 28 de abril de 2020, es sometida a suspensión arbitraria salarial, sin que intermedie notificación o procedimiento alguno. Actualmente sometida a proceso de destitución.
Para finalizar en la misiva los enfermeros solicitan que sus peticiones sean atendidas con carácter de urgencia, la situación precaria y de necesidad así lo amerita. En espera de una pronta y positiva respuesta, nos suscribimos de usted.
Suscrito, por los colegios profesionales:
Lcda. Ana R. Contreras
Distrito Capital
MgSc. Maryori Díaz
Estado Vargas
MgSc. Heriberto Delgado
Acarigua
Lcda. Delia Suarez
Amazonas
Lcdo. Kevin Villamizar
Estado Mérida
Lcdo. Joel Graterol
Estado Nueva Esparta
Lcda. Maria Nallyve Padilla
Valle La Pascua
Lcda. Silvia Torrealba
Estado Portuguesa
Lcdo. José Cerrada
Miranda
Lcdo. Daniel Liscano
Estado Táchira
Lcda. Zuleida Cuiba
Estado Anzoátegui
Lcda. Maritza Moreno
Caroní
Lcda. Dorka González
La Victoria
Lcdo. Camilo Torres
Bolívar
Lcda. Sulvia Torrealba
Valera
Lcda. Yanny González
Estado Barinas
Lcda. Yesika Vidal
Estado Aragua
Lcda. Norka Otero
Paraguana
Lcda. Elda Jiménez
Estado Lara
PhD. Julio García
Estado Carabobo
Lcda. Rubis Ramos
Carúpano
Lcda. Milagros Coronado
Cumaná
Lcda. Petra Malavé
Estado Guárico
Lcda. Berquis Matute
El Tigre
Lcdo. Carlos Mujica
Pto. Cabello
Lcda. Hannia Salazar
Estado Zulia
Lcda. Noris Araujo
Estado Trujillo
Lcda. Heiza Arevalo
Estado Falcón
