AFP
Una treintena de organizaciones
humanitarias de América Latina denunciaron "prácticas
estigmatizantes" y violaciones a los derechos humanos en la zona
fronteriza entre Venezuela y Colombia y exigieron protección judicial para los
deportados colombianos.
Las organizaciones no
gubernamentales se pronunciaron sobre la crisis fronteriza entre Colombia y
Venezuela y la decisión de este país de "deportar a al menos 1.097
personas de origen colombiano, entre ellas 220 niños, niñas y
adolescentes", señaló el documento divulgado en Buenos Aires por el Centro
de Estudios Legales y Sociales (CELS).
"Consideramos que de
manera urgente se deben revisar las medidas que implican el cierre de la
frontera, habilitar los espacios institucionales o judiciales de control de las
decisiones que se adopten y asegurar las garantías de debido proceso, de
protección judicial y respeto al derecho a la vida familiar", indicó el
comunicado.
Las ONG denunciaron que
"durante las deportaciones se registraron prácticas estigmatizantes hacia
los migrantes y un uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de
seguridad".
Agregaron que esto "viola
las garantías previstas por el derecho internacional para la protección de los
derechos de los migrantes".
"Las deportaciones
colectivas, la decisión del gobierno de Venezuela de declarar el estado de
excepción en una zona fronteriza, el cierre de la frontera y la forma en la que
se está controlando la zona son incompatibles con el derecho internacional de
los derechos humanos", advirtieron en el documento.
Sostuvieron que "la
deportación es la más extrema de las medidas y tiene un enorme impacto personal
y familiar", y que la declaración de un estado de sitio "jamás puede
habilitar las deportaciones masivas o colectivas".
Reclamaron "que se
habiliten de manera inmediata mecanismos de protección judicial frente a abusos
y violaciones a los derechos humanos que las fuerzas (de seguridad) puedan
cometer".
"Es necesaria la acción de
los mecanismos de protección regionales e internacionales y de los espacios
intergubernamentales", destacaron.
Señalaron que "las
fronteras no pueden convertirse en espacios de tensión ni en germen de la
xenofobia y la reproducción de la violencia".
Suscriben el documento
asociaciones de México, Perú, Paraguay; Argentina; Bolivia, República
Dominicana, Estados Unidos y de Venezuela.
