El Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) considera que el Proyecto de Ley Contra los Delitos de Odio discutido por la Asamblea Constituyente (ANC) pone en riesgo los principios de neutralidad, pluralidad, libertad y acceso a la red y busca imponer la censura pese a que Venezuela se comprometió ante Naciones Unidas, en marzo de 2017, a garantizar la opinión de los ciudadanos en las plataformas offline y online.
IPYS ha insistido que cualquier normativa que restrinja la libre expresión e información en Internet va a afectar los escasos espacios de deliberación público en el país.
Con el aval de la censura en Internet, la prohibición de contenidos que sean considerados ofensivos para el gobierno y órdenes de privación de libertad por ejercer la expresión en medios tradicionales y digitales, la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) trabaja en función de un proyecto de Ley Contra los Delitos de Odio, Intolerancia y Violencia que prevé la regulación en los portales web y en el uso de las redes sociales en el territorio nacional.
La presidenta de la ANC, Delcy Rodríguez, adelantó en agosto que en el texto de ley evalúan la inclusión de penalizaciones a las empresas internacionales de redes sociales -conocidas como intermediarios- como Facebook, Twitter e Instagram, entre otras.
IPYS Venezuela determinó que esta propuesta legislativa, a través de dos artículos, pone en riesgo los principios de neutralidad, pluralidad, libertad y acceso a la red, lo cual configuraría un retroceso para la deliberación pública en los entornos digitales en Venezuela. Por lo cual, solicita a las autoridades públicas cesar cualquier intención legislativa que menoscabe los derechos digitales.
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