Estados Unidos alertó que la situación de derechos humanos (DD.HH.) en Venezuela "empeoró significativamente", particularmente tras las disputadas elecciones presidenciales de 2024, cuando se evidenciaron graves abusos por parte del Gobierno de Nicolás Maduro.
En su informe anual de DD.HH., el Departamento de Estado registró "reportes fidedignos" de que el año pasado en el país suramericano se realizaron ejecuciones arbitrarias, desapariciones, tortura, detenciones arbitrarias, represión transnacional contra extranjeros y el reclutamiento o utilización ilegal de niños por grupos apoyados por Maduro en conflictos armados.
El primero de estos reportes realizado por la nueva Administración de Donald Trump también documentó graves restricciones a la libertad de expresión y de prensa que incluyen violencia, amenazas y arrestos contra periodistas, la presencia significativa del trabajo infantil y redes criminales de trata de personas, contra lo que no se han tomado medidas.
En el caso de Cuba, estrecho aliado de Caracas, el informe estadounidense no registra cambios significativos en la situación de DD.HH. en la isla, donde Washington denunció problemas similares a los de la nación venezolana, junto a reportes de trabajo forzoso auspiciado por el Estado y restricciones a la libertad religiosa.
La advertencia de la ONU en materia de DD.HH.
El viernes 27 de junio, el alto comisionado de la ONU para los DD.HH., Volker Türk, destacó que las libertades fundamentales en Venezuela han sufrido un importante deterioro en 2024 y 2025, en el contexto de las elecciones presidenciales y parlamentarias celebradas en estos dos años.
Diversas personas "han sido objeto de detenciones arbitrarias, violaciones del debido proceso y desapariciones forzadas, en medio de continuas denuncias de tortura y malos tratos", señaló en un informe oral actualizado sobre la situación de Venezuela desde mayo de 2024, presentado ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
Türk recordó que en la campaña previa a los comicios parlamentarios y regionales de mayo y junio fueron detenidas unas 70 personas, incluyendo figuras de la oposición, defensores de derechos humanos y 17 extranjeros, acusados de pertenecer a un grupo terrorista.
