Las protestas por los derechos laborales protagonizadas por dirigentes sindicales y trabajadores de distintos sectores, como la educación y la salud, son cada vez menos frecuentes en las calles en Venezuela, debido al contexto de elevada represión política, profundizada luego de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024.
Los derechos a un salario digno, buenas condiciones laborales, a la discusión de contrataciones colectivas, a la libre afiliación sindical, a la organización sindical y gremial y hasta el derecho a huelga, han sido conculcados en Venezuela, destacan voces del sector sindical que hablaron con Efecto Cocuyo.
Advirtieron que prácticas represivas, judiciales y administrativas del poder impiden actualmente organizar protestas y movilizarse para reclamar y reconquistar tales derechos y facilitan el desmontaje de la estructura sindical y gremial del país, al igual que ocurrió con los partidos políticos, la mayoría intervenidos judicialmente e ilegalizados, lo que empuja más a un escenario de mayores restricciones como el de Nicaragua.
Resaltaron: Siempre surgen nuevas formas de resistencia y, a diferencia del país centroamericano, Venezuela todavía posee una Constitución democrática que se debe reivindicar.
Detenciones han neutralizado las protestas
“Desde que se profundizó la persecución de los dirigentes sindicales, gremiales y políticos del país, el movimiento sindical se ve neutralizado en estos momentos, lamentablemente. Nosotros los docentes, maestros, fuimos de la primera línea de acción de reclamos en el país durante años», expresó la dirigente sindical del sector educación, Griselda Sánchez.
Detalló que «desde 2015 hemos estado con protestas y movilizaciones en Venezuela por salarios justos, por una educación de calidad, por la reactivación del programa de alimentación escolar para nuestros niños y jóvenes”.
Sánchez, presidenta de la ONG Fordisi para la formación del nuevo liderazgo sindical emergente y en especial en el sector de la educación, da cuenta de más de 10 educadores privados de libertad de manera arbitraria en el país.
Educadores presos
Es el caso de Robert Franco (55 años), profesor de Educación física y dirigente sindical, exsecretario general del Colegio de Profesores de Carúpano-Paria y vocero docente activo en protestas de la Coalición Sindical del Magisterio. Fue detenido el 26 de diciembre de 2020 en Sucre, acusado de terrorismo y homicidio en grado de tentativa contra la persona del fiscal general Tareck William Saab.
Fue condenado de manera injusta a 30 años de cárcel, en un juicio plagado de irregularidades, según familiares y defensores de derechos humanos.
La dirigente del Sindicato Venezolano de Maestros (Sinvema) y representante formativa de Fordisi, Lourdes Villareal (59 años), fue interceptada por hombres armados no identificados al salir de su vivienda en La Pastora, Caracas, el 22 de mayo de 2025.
Familiares denunciaron que la profesora dedicada a Teatro, Artes Escénicas y Castellano permanece desaparecida y que no tienen información sobre su situación legal. La docente solía asistir a protestas de calle del sector educativo para exigir salarios dignos, como la del 1 de mayo.
¿Escenario similar al nicaragüense?
“Prácticamente estamos en el escenario Nicaragua y es muy lamentable que esto esté ocurriendo en un país que tiene una Constitución democrática. Tenemos más de tres años preparando elecciones sindicales y no se nos permite, los líderes sindicales estamos señalados y pensamos que debe haber una recomposición del movimiento sindical venezolano. No podemos seguir con esta política de muchas federaciones y pocos derechos para los trabajadores”, dijo Sánchez, que antiguamente lideraba el Sindicato de Maestros de Caracas.
La detención más reciente es la de Roberto Antonio Campero (73 años), profesor y dirigente del Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza (Sitraenseñanza), filial de Fetramagisterio, el 14 de agosto de 2025 en Turmero, estado Aragua. Se encuentra recluido y permanece incomunicado en la sede del Sebin en El Helicoide, Caracas.
“Atados de pies y manos”
“Es un momento de reflujo, inmovilidad de fuerzas políticas y sociales que viene dado por la manera cómo la élite que ostenta el poder controla todo para imponerse como única fuerza. Uno de los elementos que más le resulta es la represión, especialmente luego del 28 de julio de 2024, traducida mayormente en allanamientos y desapariciones forzadas”, observa el secretario general de la Central Unitaria de Trabajadores de Venezuela (CUTV), Pedro Eusse.
Hasta el 21 de octubre, la ONG Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) totalizó mil 74 presos políticos, entre los cuales han logrado identificar a 14 sindicalistas que participaban activamente en protestas.
Eusse, también miembro del Buró Político del Partido Comunista de Venezuela (PCV), destacó que al igual que con otros sectores sociales y políticos, en el sector sindical también se mantiene la puerta giratoria contra dirigentes y trabajadores y quienes son excarcelados aún tienen medidas cautelares.
Entre los casos, Eusse cita las aprehensiones (11 de junio de 2023) de los trabajadores de la Siderúrgica del Orinoco (Sidor), Daniel Romero y Leonardo Azácar, imputados por los delitos de instigación al odio, asociación para delinquir y boicot. Ambos estaban al frente de una protesta de unos mil trabajadores de Sidor para reclamar mejores condiciones laborales y salarios dignos.
Otro sidorista y dirigente sindical apresado, pero en enero de 2025, fue Juan Valor, luego de que publicara un video en redes sociales en el que llamó a los trabajadores a atender el llamado de María Corina Machado y salir a defender los resultados de las elecciones del 28 de julio. Fue acusado de los delitos de incitación al odio, resistencia a la autoridad y terrorismo.
El pico represivo tras las protestas también alcanzó a la presidenta del Colegio de Enfermería del estado Barinas, Yanny González (22 de julio de 2025), y hasta el esposo de la presidenta del Colegio de Enfermería Capítulo Caroní del estado Bolívar, Maritza Moreno, Ángel Rivas. Moreno había formulado denuncias sobre las malas condiciones de los hospitales en Guayana.
“No soy partidario de compararnos con otras realidades como Nicaragua, Cuba e incluso con Estados Unidos, pero padecemos de toda una política autoritaria contra el movimiento sindical desde hace varios años, que lo hace estar atado de pies y manos. Ahora el gobierno usa las tensiones con EEUU para escalar en la represión interna, impedir que la gente reclame derechos humanos y laborales, nada justifica la arremetida antidemocrática”, fustigó el dirigente comunista.
El dirigente del PCV, Pedro Eusse, señala que la represión, sumado a maniobras judiciales y administrativas, le han servido al poder para «atar de pies y manos» al movimiento sindical y gremial.
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