El director técnico del servicio de televisión por cable detenido por retransmitir imágenes de la captura de Nicolás Maduro fue excarcelado durante la madrugada de este sábado, 28 de febrero, tras permanecer más de seis semanas bajo custodia en circunstancias calificadas por su entorno como una detención “arbitraria” y “sin fundamento legal”.
Miguel Gómez, padre de dos niños y encargado de la gestión de contenidos de la empresa de televisión por suscripción donde trabaja, había sido detenido el pasado 3 de enero luego de que un canal hondureño de señal abierta incluido en su parrilla difundiera —de manera independiente y sin intervención editorial local— las imágenes de la captura de Maduro y Cilia Flores.
La periodista Lorena Bornacelly informó en su cuenta de X que el técnico fue liberado durante la madrugada, señalando que “fue detenido porque el servicio de televisión por cable que él dirige transmitió —en un canal hondureño de señal libre y que él no maneja— la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores”.
Una detención marcada por irregularidades
Días antes de su excarcelación, la plataforma informativa Dossier Venezuela había denunciado que Gómez permanecía “secuestrado” desde el 3 de enero en el centro de detención Ramo Verde, también identificado como CORE 1.
Según el testimonio de un familiar, la detención se produjo luego de que un vecino alertara a su hermano sobre la transmisión del canal hondureño. Gómez acudió a su oficina pese a ser un día no laboral, y allí fue abordado por funcionarios que —según la denuncia— lo engañaron asegurándole que asistiría a una charla informativa, para luego trasladarlo al recinto militar donde permaneció incomunicado.
Los allegados aseguran que no existía ninguna orden o limitación impuesta por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) que restringiera la presencia del canal internacional en la parrilla. De hecho, sostienen que la señal estaba debidamente registrada y autorizada, y que la detención ocurrió tras la supuesta denuncia de un locutor tachirense ante autoridades del CORE 1.
La comunidad del estado Táchira, junto con familiares y amigos de Gómez, reunió más de 1.500 firmas para exigir su liberación, denunciando que el trabajador técnico no tenía ninguna responsabilidad editorial sobre los contenidos de canales internacionales incluidos en la programación del servicio.
Pese a las gestiones, durante semanas no hubo pronunciamientos oficiales que explicaran los cargos en su contra ni avances claros en el proceso.
