Con pancartas de cartulina y afiches en hojas de papel bond, los arrendatarios del Mercado Municipal de Naguanagua protestaron pacíficamente con la esperanza de ser escuchados por las autoridades locales.
Mientras al fondo algunos de los manifestantes se mantenían en pie con ayuda de bastones, Elsi Rivas, vocera de los arrendatarios, explicó que la indignación surgió tras la aprobación de la nueva Ordenanza sobre la Organización, Administración y Funcionamiento de los Mercados Municipales, aprobada por el concejo municipal, a finales de abril, sin la participación de la colectividad del recinto.
Aunque han dirigido cartas a la alcaldesa de Naguanagua, Elizabeth Niño; al presidente de la Cámara Municipal, Gerardo Ramírez; y a Servinagua (anterior Fundanagua), siguen sin obtener una respuesta. “No podemos llegar a un acuerdo cuando hemos sido totalmente ignorados. Nuestro llamado es a que tomen en cuenta a la comunidad de arrendatarios”, subrayó Rivas.
Seis años de exclusión
No es la primera vez que se aprueba un instrumento legal a sus espaldas. La última ordenanza en la que tuvieron voz y voto entró en vigencia hace casi una década. En 2020, en plena pandemia por Covid-19, empezó el periodo de exclusión progresiva, pese a que aún mantenían buena comunicación con Fundanagua.
Dos años después, una actualización fue sancionada, bajo el mandato de Ana González, otra vez sin consulta previa. La situación se repitió a finales de 2024 y luego el 28 de abril de este año.
La molestia radica en que las autoridades simulan una inclusión que, en la práctica, no existe. “En ocasiones anteriores ciertamente nos reunimos en Fundagua con el presidente de la cámara y con sus abogados, pero nuestra sorpresa vino cuando nos enteramos de que la ordenanza ya había sido aprobada. Nuevamente no fuimos tomados en cuenta, lo que viola el derecho a la participación de la comunidad de arrendatarios”.
Riesgo de desalojo al adulto mayor
Actualmente el recinto comercial cuenta con 130 arrendatarios. Luisana Quintero, otra de las delegadas, señaló que poco más de la mitad de los propietarios son personas mayores. “Tenemos casi 70 adultos mayores que son el pilar fundamental del mercado. Le pedimos a la alcaldesa (Elizabeth Niño) que proteja a quienes han sostenido este espacio por años”.
Ana Mercedes Pérez, otra de las afectadas, detalló que uno de los aspectos más controversiales reposa en el Artículo 26, que señala la posibilidad de que el arrendatario designe a un encargado, pero no contempla ausencias por motivos de salud.
Aunque no se señala explícitamente en la ordenanza, los encargados de los locales creen que se trata de un punto que podría justificar desalojos injustos. “Nuestros adultos mayores ya padecen enfermedades, en algunos casos crónicas. La normativa no contempla consideraciones para quienes dependen de estos pequeños negocios como único sustento", denunció Pérez.
Falta de claridad
Otro aspecto que preocupa es la falta de claridad en el instrumento jurídico con respecto al pago de las alícuotas. Pérez exhortó a que el canon de arrendamiento, además de ser discutido por todas las partes, sea preciso y cuente con tablas de cálculo, como en los documentos anteriores. “Por ejemplo, cuando piden una solvencia municipal, se tiene que calcular con base en los impuestos específicos a la actividad económica, no a las personales”.
Además, notaron que uno de los cambios más abruptos en esta nueva normativa ignora la función social del mercado, expresada en la Ley Orgánica del Poder Público Municipal.
Finalmente, Pérez aclaró que en ningún momento se están negando a pagar lo que corresponde, pero comprenden que la coyuntura financiera actual es diferente a la de hace seis años, cuando los cálculos de los impuestos se anclaban al petro. “Nosotros también queremos ver el mercado bonito y en orden, no que se esté cayendo. Estamos dispuestos a colaborar pero queremos que se nos tome en cuenta porque es de nuestros bolsillos que van a salir los tributos. Lo mínimo es que tengamos derecho a opinar".
