Uno recuerda aquellos “spaghetti-western” del cine italiano que explotó hasta la saciedad el tema del “Far West” norteamericano, en escenarios creados principalmente en desiertos y pequeños pueblos de Andalucía, como el de Tabernas en Almería, cuyas extensiones áridas y paisaje rocoso han servido de fondo para esas películas baratas. Con un espíritu totalmente comercial y taquillero, las filmaciones solían dejar ver algo de descuido en el montaje, como algún cableado eléctrico en la única calle del pueblo, un “indio” con un reloj de pulsera en la muñeca de la mano con las riendas del “mustang”, o huellas de bulldozer por donde debía pasar la diligencia.
Un ejemplo de estos bodrios es “A Fistful of Dollars”, en español “Por Un Puñado de Dólares”, donde su director Sergio Leone propone un pueblo fronterizo llamado San Miguel, que es un asentamiento polvoriento y sin ley donde dos familias criminales se disputan el control. También había películas donde el tema era la fiebre del oro en la zona occidental del continente norteamericano, con los mismos escenarios, personajes, violencia, y argumentos simples para un público poco exigente en cuanto a cultura.
En el siglo pasado estuve tres veces en el estado Bolívar, pero en el actual ni una, y por eso sea tal vez aventurado que compare al ficticio San Miguel de “Por Un Puñado de Dólares” con las muy reales Las Claritas, Las Cristinas o el Kilómetro 88 del Municipio Sifontes, donde, desde el 9 de junio, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) ejecuta un despliegue con helicópteros artillados y unidades terrestres para desmantelar grupos armados vinculados a la minería ilegal.
La FANB desde mucho coexiste con grupos armados irregulares (ELN, disidencias de las FARC) y con “sindicatos” mineros locales. Ha habido tolerancia, acuerdos tácitos, distribución de control territorial o enfrentamientos violentos por el control de minas. Y ya son comunes los toques de queda informales, los controles de tránsito, el cobro de “vacunas” por grupos armados, y la presencia militar en escuelas y centros de salud.
También son afectados los pueblos indígenas en el Arco Minero por la expansión minera que se superpone con sus hábitats tradicionales, zonas de caza y pesca, rutas de movilidad ancestral y áreas protegidas como el Parque Nacional Canaima. Han sufrido, además de asesinatos de líderes indígenas, desplazamientos forzados por el avance de minas ilegales, la ocupación de comunidades por grupos armados, las restricciones de acceso a ríos y bosques y a territorios para ellos sagrados. Además de ríos contaminados con mercurio, disminución de peces, deforestación que altera ciclos de caza, erosión de suelos y pérdida de plantas medicinales.
Lo que extraña es que, desde que se creó en 2016 el llamado “Arco Minero del Orinoco”, es ahora cuando las autoridades se han dado cuenta del grave daño ecológico, económico y social que ha sufrido la zona, enviando a las fatídicas FANB a actuar con violencia sobre ella, creando lo que AFP describe como “un caos de escuelas vacías, comercios cerrados y desplazamiento masivo de mineros”. Otros medios relacionan al operativo con la muerte del “Niño Guerrero” en una acción conjunta de la FANB y el Comando Sur de EE UU, por lo que se colige que el ataque tiene más que ver con el interés de Mr. Trump por acabar con el narcotráfico y el crimen organizado transnacional, que operaba en el Arco Minero, que con los daños que la actividad minera descontrolada está causando en esa zona.
