Tras cumplirse una semana del operativo militar desplegado en las zonas mineras de Las Claritas y Kilómetro 88, en el municipio Sifontes del estado Bolívar, la población continúa sumida en la incertidumbre sobre el futuro de la región, marcada durante años por el control de grupos armados vinculados a la minería ilegal, informó la organización no gubernamental (ONG) Provea.
Tras los hechos del 9 de junio, la ONG indicó en una publicación en su página web que persisten interrogantes sobre las circunstancias de la muerte de Héctor “Niño” Guerrero, líder de la banda del Tren de Aragua, así como las consecuencias que tendrá la intervención militar en una zona donde miles de personas dependen directa o indirectamente de la actividad minera.
De acuerdo con habitantes de Las Claritas, en la zona se vive una aparente normalidad en las calles, aunque acompañada por el temor y la expectativa ante posibles cambios en la dinámica económica y de seguridad de la zona.
Algunos residentes consideran que la intervención podría significar el fin del dominio ejercido por grupos armados en las minas. Otros, en cambio, expresan preocupación por el impacto que las medidas puedan tener sobre los trabajadores mineros y sobre la economía local, sustentada en gran medida por la actividad extractiva.
Según las versiones de quienes viven cerca de la zona, durante los días posteriores al operativo se observaron movimientos constantes de helicópteros, autobuses y trabajadores abandonando áreas mineras, mientras el flujo comercial disminuyó considerablemente.
“La limpieza de las minas es para entregarlas a los gringos. Lo que no se sabe ahora es qué va a pasar con los mineros. Hay mucha gente inocente que lo que trabaja es para mantener a sus familias. Y en el pueblo hay mucha gente que se beneficia del comercio por el movimiento constante que hay. Ahora no sabemos qué viene”, dijo una mujer identificada como María, que tiene al menos 10 años viviendo en Las Claritas.
A ello se suma la falta de información oficial sobre el desarrollo de las operaciones. Hasta ahora, las autoridades no han precisado la fecha exacta de la muerte de Guerrero ni han ofrecido un balance detallado sobre posibles heridos o fallecidos durante los procedimientos.
Años de control de bandas y los temores actuales
La nota de Provea detalla que durante años, distintas organizaciones armadas han ejercido influencia en las zonas mineras del sur de Bolívar, estableciendo mecanismos de control territorial y económico que, según organizaciones de derechos humanos, llegaron a funcionar como una suerte de estructura paralela de autoridad.
De acuerdo con la publicación, la presencia de “Niño Guerrero” en la región generó sorpresa entre algunos habitantes, aunque también salieron a relucir los nombres de otros líderes criminales vinculados al control de explotaciones auríferas en la zona.
Por otro lado, tanto autoridades locales como habitantes han advertido la posibilidad de que el hecho del 9 de junio provoque desplazamientos masivos de trabajadores mineros hacia municipios cercanos. El alcalde de El Callao, Coromoto Lugo, alertó sobre el impacto que tendría la llegada de miles de personas a una jurisdicción con capacidades limitadas para atender un eventual incremento poblacional.
Mientras tanto, organizaciones defensoras de derechos humanos sostienen que la situación actual es consecuencia de años de ausencia institucional en el sur del país, donde la expansión de la minería y las disputas por el control de los recursos minerales favorecieron el crecimiento de economías ilícitas y grupos armados.
Ante estas situaciones, Provea reiteró su postura sobre la obligación estricta del Estado para luchar contra el crimen organizado y, de esta manera, poder garantizar la seguridad de la población.
Lo que se sabe sobre la muerte de Niño Guerrero
Luego de tres años prófugo, Héctor Rusthenford Guerrero Flores, conocido como Niño Guerrero, murió durante una operación militar dirigida por el Comando Sur de Estados Unidos, en coordinación con el gobierno encargado de Delcy Rodríguez, según anunció el presidente estadounidense Donald Trump el 12 de junio.
Posteriormente, el secretario de Guerra de EE UU, Pete Hegseth, confirmó que la operación se llevó a cabo en territorio venezolano en coordinación con fuerzas de seguridad nacionales.
Horas después, el gobierno encargado de Venezuela confirmó la muerte de Héctor Rusthenford Guerrero Flores (Niño Guerrero) y detalló que ocurrió durante una operación realizada conjuntamente con autoridades de Estados Unidos en el estado Bolívar.
De acuerdo con el gobierno venezolano, la operación incluyó mecanismos de intercambio de inteligencia y apoyo tecnológico especializado entre ambos países. Sin embargo, ninguna de las dos administraciones ha ofrecido detalles sobre el número de víctimas, las características del operativo o el lugar exacto donde ocurrió el enfrentamiento.
El Diario
