El rescatista voluntario Wilmer Antonio Cruz, ampliamente conocido como el "Topo de La Guaira", fue liberado este viernes. Sin embargo, se le impuso una medida cautelar sustitutiva de libertad, que incluye un régimen de presentación ante tribunales. Su puesta en libertad ocurre tras permanecer varios días desaparecido. Lo cual desató una fuerte controversia pública. Esto luego de ser señalado por las autoridades de sustraer objetos de viviendas afectadas por el doble sismo.
La desaparición de Cruz fue denunciada inicialmente por la ONG Provea el pasado martes. Los hechos ocurrieron cuando familiares reportaron que un grupo de hombres vestidos de negro de la DIP, lo interceptaron en Caraballeda. Bajo la promesa de entregarle maquinaria para continuar las labores de rescate, el voluntario fue trasladado a un destino desconocido.
Controversia
El Gobierno, a través de funcionarios del Cicpc, justificó la aprehensión. La excusa fue Cruz habría robado equipos de video y relojes en inmuebles afectados, asegurando incluso que la comunidad habría intentado lincharlo. Sin embargo, esta versión ha sido duramente cuestionada en redes sociales y por organizaciones de derechos humanos. Sectores de la sociedad civil y usuarios digitales han denunciado que el caso responde a una estrategia de "politización" de la tragedia, señalando que la detención busca desacreditar a Cruz debido a sus críticas virales contra la gestión estatal de la emergencia.
El rescatista se había convertido en un rostro prominente de la crisis tras difundir videos denunciando la grave falta de maquinaria pesada, equipos especializados y personal técnico por parte del Estado en las zonas de mayor devastación. Organismos como Caleidoscopio Humano y el Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve) han alertado sobre un supuesto patrón de hostigamiento contra rescatistas voluntarios, subrayando que la exigencia de transparencia y ayuda no debe ser criminalizada. Dirigentes políticos han calificado de "inaceptable" el trato recibido por Cruz, mientras la ciudadanía exige explicaciones sobre otros incidentes de saqueos atribuidos a funcionarios policiales que, hasta el momento, no han sido esclarecidos.
