EFE
La
primera semana con una Asamblea Nacional (AN) de mayoría opositora puso de
manifiesto dificultades que, se vislumbra,
seguirán complicando la cohabitación política en Venezuela, gobernado desde
1999 por la llamada Revolución Bolivariana.
Esa
mayoría comenzará esta semana a debatir una
ley de amnistía para sacar de prisión a unos 70
llamados «presos políticos», y otra para convertir en
propietarios a un millón de jefes de familia beneficiados con casa propia a
través de la Gran Misión Vivienda Venezuela (GMVV) y que son supuestamente chantajeados
por el presidente Nicolás Maduro.
El jefe
de Estado ya ha anunciado que vetará la
amnistía y se ha reído de lo segundo, recordando que hasta hace poco se le
acusó de «las maquetas» de casas inexistentes en la realidad.
También,
según anunció el jefe de la bancada opositora del Parlamento, Julio Borges,
principal denunciante de «las maquetas», se debatirá una ley para que unos tres millones de jubilados reciban
beneficios sociales y económicos reservados ahora a los asalariados.
El
diputado Tomás Guanipa anunció a su vez que
también debatirán leyes en busca de combatir la escasez de productos,
principalmente alimentos, el alto coste de la vida y la inseguridad.
Se
trata de «leyes sociales para
comenzar su discusión» en el Parlamento, una vez explicadas «en
la calle», dijo Guanipa sin aludir a la acogida que tuvieron estas
asambleas populares.
También
se prevé que la mayoría opositora agrupada
en la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) derogue el decreto de Maduro que
quitó al Legislativo la facultad de designar directores del Banco Central,
que promulgó tras las parlamentarias que el 6 de diciembre eligieron a 112
diputados opositores y 55 oficialistas.
