Por primera vez desde su detención el pasado 13 de marzo el abogado defensor de Miguel Rodríguez Torres pudo visitar al exministro de Interior y Justicia
La Justicia venezolana acusó al exjefe de inteligencia Miguel Rodríguez Torres de espionaje y otros tres delitos, informó este jueves el equipo político del exministro que desertó del chavismo el año pasado y se ha vuelto un crítico del presidente, Nicolás Maduro.
El coordinador del Movimiento Amplio Desafío de Todos (Maddt), Walter Boza, que lidera Rodríguez Torres, informó que el exfuncionario fue imputado por espionaje, “otros delitos contra la seguridad de la Fuerza Armada Nacional, conspiración contra el motín, e instigación a la rebelión”.
Boza explicó que esta información la corroboró ayer el abogado defensor, Heber Caraballo, que pudo visitar por primera vez al exministro desde que fue detenido el pasado 13 de marzo, mientras ofrecía una rueda de prensa en Caracas.
*Lea también Maduro y Evo Morales mandan su abrazo de solidaridad a Lula da Silva
“Ayer por primera vez luego de 22 días uno de los abogados de Miguel Rodríguez Torres le fue permitido visitarlo y tuvo una entrevista con él de aproximadamente una hora y ayer se tuvo acceso por primera vez al expediente”, subrayó.
El coordinador del Maddt dijo que un equipo de abogados atenderá jurídicamente el caso de Rodríguez Torres pues, remarcó, “como sabemos esto es un juicio político”.
Aseguró que las acusaciones son “absolutamente rebatibles desde el punto de vista jurídico” por lo que será fácil “demostrar que es mentira”.
Boza dijo que los allegados del exjefe del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) temen por su vida e integridad física aunque hasta ahora, adelantó, está en buena forma pese a haber perdido peso desde que fue aprehendido.
Rodríguez Torres ha sido señalado de participar en “complots” contra el Gobierno de Nicolás Maduro, del que fue ministro.
Fue separado del Ejecutivo hace tres años y medio, anunció el pasado febrero que la Contraloría General le impuso una inhabilitación política por un año, impidiéndole de esta forma participar en las elecciones presidenciales del 20 de mayo, una decisión que calificó entonces de “falso positivo” para sacarlo de la arena política.
