Los abogados defensores de los procesados por el caso Pdvsa-Cripto denunciaron violaciones constitucionales, procesales y de derechos humanos durante el proceso penal. Los juristas calificaron la causa de "juicio de naturaleza política" sin validez jurídica y exigieron que el juicio oral sea público y transparente.
En las afueras del Palacio de Justicia, en Caracas, el equipo legal reclamó que los imputados están siendo juzgados en condiciones desiguales y de manera discriminada. Detallan que las aprehensiones del caso se ejecutaron "sin orden judicial previa ni situación de flagrancia", impidiéndose además la incorporación de la defensa privada en las fases iniciales de la investigación, reseñó El Nacional
Esa restricción, indicaron, limitó el acceso a las actas procesales y obstaculizó la presentación oportuna de recursos de impugnación y de pruebas por parte del equipo técnico encargado.
Irregularidades durante el proceso penal
El abogado Jeset García, en representación del equipo legal, rechazó la pretensión de continuar el juicio mediante la modalidad telemática, argumentando que la causa se inició de manera presencial y ya acumula 16 audiencias en ese formato. Destacó que la audiencia ha sido diferida en dos ocasiones debido a que el director del Servicio Penitenciario de Máxima Seguridad (Sesmas) del Rodeo I se niega a cumplir la orden judicial de traslado de los imputados a la sede del juzgado.
Denuncian que se han efectuado cambios de centros de reclusión de procesados que se encontraban en El Helicoide, sin solicitud del tribunal ni de los mismos imputados. "Esto evidencia la falta de autonomía de los tribunales penales frente a los organismos de seguridad e investigación penal del país".
Señalan que existe marcado desorden procesal en el expediente, que incluye actas y autos sin las firmas de los intervinientes, así como piezas con nomenclaturas desconocidas, lo cual genera inseguridad jurídica. Denunciaron asimismo que varios de los procesados ya superan los tres años bajo arresto preventivo sin que medie sentencia, lo cual excede el tiempo máximo de duración permitido por las leyes para las medidas de coerción personal.
Tratos crueles y desatención médica
La defensa asegura que los imputados han sido objeto de tratos crueles e inhumanos durante su reclusión y traslados. A pesar de las solicitudes y el mal estado de salud en el que aparentemente se encuentran, dijeron, las autoridades han desatendido el deber de custodia, el derecho a la vida, la integridad física y mental.
Exigen la participación, en calidad de observadores, de la Defensoría del Pueblo, los relatores especiales de la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para garantizar que el proceso sea "efectivo, transparente e imparcial".
Los abogados piden que se garantice el acceso público a todas las sesiones del juicio oral, que se dicten las medidas necesarias para asegurar el traslado de los acusados a la sede del juzgado de juicio y habilitar el ingreso a la sala a las delegaciones consulares extranjeras acreditadas que siguen el caso.
Caso de Hugbel Roa
Ana Carucí y María Alis Roa, madre y hermana del exministro y exdiputado Hugbel Roa, afirmaron que este fue involucrado en la causa penal debido a unas investigaciones previas por corrupción que involucraban al exfiscal general de la República Tarek William Saab, y a su hermano, Douglas Saab.
Según Carucí, Saab decidió involucrarlo en el caso Pdvsa-Cripto como "pase de factura". María Alis Roa aseguró que fue una manera de callarlo. "Como no pudo matarlo, entonces lo metió preso".
Respecto a las condiciones en el Internado Judicial Rodeo I, informaron que Roa presenta seria pérdida de peso, al pasar de 105 kilos a 62 kilos. Denunciaron la existencia de restricciones en el régimen de visitas, que se limitan a 20 minutos a través de un vidrio divisorio.
La hermana del exdiputado denunció que en cada visita este le informa las constantes amenazas de muerte que recibe y los golpes que le propinaron al regresar al penal luego de dar su testimonio en la audiencia. "Cuando llegué al Sebin me recibieron a palo, como a un animal. Todo eso fue grabado por instrucciones del propio Tarek William Saab", dijo Roa ante la juez de la causa durante la última audiencia.
Y agregó que Douglas Saab, hermano de Tarek, tiene más de 20 años monopolizando contratos y robando en Pdvsa. "Cuando denuncié todo eso, acabaron conmigo".
Caso Bancamiga y hermanos De Grazia
Mariana Parra, familiar de los exdirectivos de Bancamiga, Carmelo, Daniel y Levin De Grazia, declaró que los empresarios permanecieron incomunicados los primeros cinco meses posteriores a su detención. Sostuvo que durante las audiencias públicas se conoció que los interrogatorios, a los que presuntamente fueron sometidos con violencia, se centraron en la ubicación y titularidad de sus activos corporativos y patrimoniales.
Destacó que en el desarrollo del juicio oral se reveló el presunto robo de fondos de las bóvedas del banco en el proceso de intervención estatal. "Durante el juicio se conoció quiénes fueron los receptores de esos fondos. "Es información que se intenta ocultar".
Atribuyó el intento de implementar audiencias virtuales a la intención de evitar declaraciones públicas sobre el hecho. Informó que el control de la entidad financiera pasó a manos privadas y es dirigida por José Simón Elarba, presidente de Fospuca.
"Hemos estado dos años secuestrados y callados y no estamos negados a que se nos investigue, pero como el caso lo hicieron público, pues que sea público todo lo que se está diciendo acá. Aquí no se trata de hacer justicia. Aquí se trata de que hubo un robo y quieren tapar eso. La verdad es que en ningún momento ha habido interés por aclarar esta situación", expresó la esposa de Carmelo de Grazia.
Parra agregó que en el caso también están siendo imputados los empleados del banco Kerly López y Ernesto Vivanco, así como un amigo que estaba de visita en casa de uno de sus cuñados.
Los choferes involucrados en el caso
Al menos cinco choferes que trabajaban para algunos de los empresarios imputados también fueron privados de libertad y vinculados a la causa Pdvsa-Cripto.
Rafael Guzmán, padre de Luis Daniel Guzmán, de 30 años de edad, denunció que su hijo tenía solo cuatro meses trabajando cuando fue detenido por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), por ser el chofer de la esposa del empresario Daniel Prieto.
Guzmán denunció que su hijo fue sometido a torturas en El Helicoide con el fin de obligarlo a declararse culpable y a revelar bienes que no tiene. Según su testimonio, el propio Daniel Prieto les aseguró a los funcionarios que los choferes eran inocentes, ante lo cual un comisario respondió de forma tajante: "Mala leche, todos van a pagar".
"Él vivía en una habitación alquilada. Su esposa y su bebé tuvieron que irse porque después no tenían cómo pagarla", comentó.
Sobre el estado de salud del detenido, reveló que en Yare II su hijo sufrió trastornos estomacales, vómitos y diarrea por el mal estado del agua. Por eso participó en la huelga de hambre.
A pesar de ser un empleado de transporte, a Luis Daniel Guzmán se le imputan los mismos cargos que al resto de la causa: asociación para delinquir, terrorismo y posesión de bienes públicos.
