Un nuevo espacio para exponer al mundo cuál es la situación venezolana se abre en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a la que Venezuela pertenece desde 1969. Este miércoles 22 de marzo, Acceso a la Justicia mostrará a la comunidad internacional los detalles de cómo la arbitrariedad para escoger jueces y magistrados influye en la garantía Constitucional del debido proceso e igualdad ante la ley.
Este informe realizado también por el Centro de Justicia y Paz (Cepaz), Transparencia Venezuela, Sinergía, Espacio Público, Civilis, Programa Venezolano de Educación – Acción en Derechos Humanos (Provea) y el Instituto de Prensa y Sociedad (Ipys) busca denunciar la denegación de justicia y y el irrespeto de los derechos humanos en el país.
Consta de ocho capítulos que incluyen la falta de independencia judicial, la violación al debido proceso, la inadmisión de casos por omisión de formalidades no esenciales, la violación al derecho de acceso a la información pública, a la libertad de expresión e información e incluso hace referencia a las sentencias que han declarado inejecutables los fallos de la misma CIDH.
En esta audiencia 161° del período ordinario de sesiones Acceso a la Justicia expondrá los resultados de los estudios profundos sobre la eficiencia y efectividad del Poder Judicial, en los que entre otros hallazgos logró precisar cómo éste poder público pone en segundo plano las necesidades de los venezolanos para beneficiar intereses políticos.
Parte de la investigación revela que los recursos intentados por miembros o simpatizantes del gobierno obtienen respuesta en cuestión de días (e incluso de horas), mientras que el resto de la ciudadanía debe esperar, en promedio, casi un año.
“Especial mención merece la dilación indebida frente a la acción interpuesta el 23 de mayo de 2016 por 12 organizaciones de Derechos Humanos para la protección del derecho a la vida y a la salud, ante la escasez de medicamentos e insumos. A través de esta demanda se exige a los órganos competentes, garantizar el derecho a la vida, la salud e integridad física de los venezolanos, tras el colapso de los servicios de salud y el desabastecimiento de medicamentos en el país. A la fecha del presente informe, la solicitud la demanda no ha sido admitida ni rechazada”, reza parte del documento que se presentará ante la CIDH.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. Aunque Venezuela oficializó su salida de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2013, el Estado sigue suscrito a la CIDH por la Declaración Americana de los Derechos del Hombre. Por esta razón, la CIDH es una instancia competente para exponer denuncias de la sociedad civil de una nación y lograr así acuerdos entre las partes.
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