Activistas alertaron que la propuesta de ‘ley contra el fascismo, neofascismo y expresiones similares’, actualmente en desarrollo, tergiversa, según aseguraron a EFE, la definición del «fascismo» con el fin de arreciar «la persecución por razones ideológicas» y los «ataques a la libertad de expresión» en Venezuela.
En este marco legal, promovido por el Gobierno, se entiende al fascismo como una postura que «asume la violencia como método de acción política» y «denigra la democracia» y «sus instituciones», además de tener «rasgos comunes» con el «conservadurismo moral» y «el neoliberalismo», entre otros.
Al respecto, el director de la ONG Acceso a la Justicia, Ali Daniels, consideró que estas tendencias no corresponden al fascismo, cuyo concepto se «distorsiona completamente» en la normativa, con la que, en caso de aprobarse, «cualquier expresión del pensamiento puede resultar objeto de persecución».
En este sentido, el abogado sostuvo que el fascismo «no es liberal» y «no puede confundirse con ideas conservadoras morales».
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Daniels advirtió que esta ley puede ser «peligrosa» y «regresiva» ya que, como está planteada, busca «perseguir las ideas de las personas» y «censurar creencias, aunque sean legítimas», por lo que «da pie a la arbitrariedad».
El conservadurismo, insistió, es «algo tan subjetivo» y «tan amplio que cualquiera en este país puede ser objeto de persecución», por «más insignificante que sea» lo que se exprese.
Agregó que hay partidos y organizaciones políticas que se definen públicamente como liberales, por lo que correrían el riesgo de «ser declarados criminales y fascistas» y, en consecuencia, «perseguidos sus miembros».
Persecución por razones ideológicas, sociedad aterrada
A juicio de Daniels, se pretende «aumentar el miedo en la sociedad para que haya menos voces disidentes y pueda mantenerse un mayor control sobre las mismas», por lo que -aseguró- los venezolanos considerarán abstenerse «de decir opiniones que alguien podría calificar», por ejemplo, de conservadoras o neoliberales.
Por su parte, la ONG Provea advirtió que aprobar la ley «significaría un avance en la construcción de un modelo de Gobierno totalitario, agravando aun más las garantías para el disfrute de los derechos humanos de la población».
Igual que Daniels y Provea, la Universidad Central de Venezuela (UCV), el Colegio Nacional de Periodistas (CNP) y otras agrupaciones civiles rechazaron la propuesta de ley, al considerar que amenaza «derechos».
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