La noche del martes 16 de diciembre, el sistema de justicia venezolano dictó una sentencia que ha generado fuerte rechazo: la condena a 10 años de prisión contra un adolescente de 17 años, acusado de terrorismo sin que se presentaran pruebas materiales que sustenten los cargos.
El caso corresponde a Gabriel José Rodríguez Méndez, adolescente oriundo de Cabudare, estado Lara, estudiante, pelotero y aprendiz de panadería, quien fue sentenciado a seis años de privación de libertad y cuatro años de trabajo comunitario por los supuestos delitos de terrorismo, incitación al odio y cierre de vías públicas.
La decisión fue emitida por la jueza Dayana Castillo, del Tribunal Segundo de Juicio de Responsabilidad Penal de Adolescentes con competencia nacional, con sede en Caracas, lo que ha sido señalado por organizaciones civiles como un uso desproporcionado del sistema penal contra un menor de edad.
Según información confirmada por la ONG Justicia Encuentro y Perdón, la madre del adolescente fue quien notificó oficialmente la sentencia, mientras el joven permanece detenido desde el 9 de enero de este año, cuando fue interceptado por funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana.
#ATENCIÓN. Con profundo pesar recibimos la información por parte de la madre de Gabriel Rodríguez, detenido el pasado 09 enero del 2025, que el joven de 17 años ha sido condenado a 10 años de prisión, por el delito de Terrorismo.
— Justicia, Encuentro y Perdón (@JEPvzla) December 17, 2025
La desproporcionalidad de la pena es…
Detención arbitraria de adolescente sin orden judicial
De acuerdo con el relato de los familiares, el adolescente fue detenido en Cabudare mientras se dirigía a un centro de salud por presentar fiebre elevada, sin que existiera orden judicial ni evidencia que lo vinculara con hechos violentos registrados ese día.
Los funcionarios alegaron que el adolescente tenía “apariencia de guarimbero”, argumento que ha sido ampliamente cuestionado por defensores de derechos humanos, al basarse únicamente en prejuicios relacionados con su vestimenta deportiva y condición social.
El Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve) afirmó que el adolescente no tiene vínculos con actividades terroristas y que su criminalización responde a un patrón de persecución contra jóvenes detenidos de forma arbitraria.
La organización también subrayó que se trata de un adolescente que cursaba el quinto año de bachillerato al momento de su detención y cuyo único “delito” fue encajar en un perfil estigmatizado por los cuerpos de seguridad.
Afectaciones a la salud y vulneración de derechos
Durante su reclusión, el adolescente ha presentado graves complicaciones de salud, entre ellas infección pulmonar, fiebre persistente, lesiones bucales, ansiedad y depresión, condiciones que comprometen su integridad física y emocional.
Estas afectaciones constituyen, según expertos legales, una violación directa al artículo 32 de la Lopnna, que protege el derecho a la integridad personal de todo adolescente bajo custodia del Estado.
A pesar de las condiciones adversas, el adolescente logró culminar sus estudios de bachillerato estando privado de libertad y fue admitido en la carrera de Ingeniería Civil en la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado (UCLA).
Organizaciones defensoras de derechos humanos sostienen que este hecho evidencia el perfil académico y personal del adolescente, en contraste con la narrativa penal utilizada para justificar su condena.
Cuestionamientos legales a la condena
La sentencia ha sido señalada por el Clippve como una violación al principio del interés superior del niño, establecido en el artículo 8 de la Lopnna, que obliga al Estado a priorizar la protección y desarrollo integral de todo adolescente.
La organización también denunció la vulneración del derecho a la libertad personal, a la educación y al debido proceso del adolescente, al haber sido juzgado con criterios propios del sistema penal de adultos y con una defensa limitada.
— Comité por la Libertad de los Presos Políticos. (@clippve) December 17, 2025
La noche de este martes 16 de diciembre, el Estado venezolano consumó una condena aberrante e injusta, basada en una gran mentira, contra Gabriel José Rodríguez… pic.twitter.com/Kexh5QW0rp
El proceso judicial también habría desconocido el derecho del adolescente a ser oído y a contar con una defensa efectiva, excluyendo a sus padres de audiencias y basando la acusación en testigos que nunca comparecieron.
Desde el Clippve se advirtió que imponer cargos de terrorismo a un adolescente, sin pruebas verificables, contradice los estándares internacionales de derechos humanos y la finalidad educativa del sistema penal juvenil.
Llamado nacional e internacional
La ONG hizo un llamado a la sociedad venezolana a no normalizar la criminalización de un adolescente por razones políticas o prejuicios sociales, y a exigir garantías para la protección de la niñez.
También instó a la comunidad internacional y a los organismos multilaterales de derechos humanos a observar el caso y pronunciarse ante lo que califican como una forma de violencia institucional contra un adolescente.
Familiares y defensores reiteraron su solidaridad con el entorno del adolescente, destacando la importancia de mantener la denuncia pública frente a un sistema que, aseguran, busca intimidar mediante el castigo ejemplarizante.
Exigieron la nulidad de la sentencia y la libertad inmediata del adolescente, señalando que su lugar debería estar en la universidad, en el deporte y en su proceso de formación, no enfrentando una condena por un delito que, afirman, nunca cometió.
