Varias ONG de Venezuela señalaron este viernes que, entre 2015 y 2020 se registraron al menos 102 ataques contra campesinos defensores del derecho a la tierra, quienes han sido víctimas de la violencia y la represión.
El Observatorio para la Defensa de la Vida (Odevida), Provea y Surgentes, que elaboraron un estudio, detallaron que 38 campesinos fueron detenidos arbitrariamente, 15 fueron víctimas de ejecuciones extrajudiciales, 14 de asesinatos selectivos, 13 de malos tratos, 13 de amenazas, 3 de desapariciones forzadas, 3 de secuestros; además, 2 fueron heridos por armas de fuego y uno fue víctima de un intento de asesinato.
«Las personas campesinas que defienden el derecho a la tierra son víctimas de la violencia, tanto de la ejercida por el sicariato al servicio de terratenientes y por los distintos cuerpos de seguridad del Estado, que actúan en los estados rurales de Venezuela», sostuvieron en un informe difundido hoy.
Según el documento, de los 29 defensores o líderes asesinados, 15 «habrían sido ejecutados extrajudicialmente por efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y 14 asesinados por sicarios al servicio de terratenientes».
Además, destacó que los campesinos son víctimas de desalojos o intento de desalojo de tierras, efectuados «por grupos de particulares armados al servicio de familias o empresas terratenientes o por cuerpos de seguridad del Estado con participación o no de otros agentes estatales.
La ONG Surgentes registró «22 desalojos y 12 intentos de desalojo llevados a cabo con alguna participación de los cuerpos de seguridad y otros agentes del Estado» entre 2015 y 2020, de los cuales 16 se realizaron en el estado Barinas (oeste).
«Dada la restricción del acceso a información pública y la opacidad de la información disponible, no se cuentan con datos confiables que permitan establecer el nivel de avance de procesos judiciales. No obstante, según las fuentes consultadas, la impunidad ha sido la ley frente a los casos de victimización contra personas campesinas en los últimos 20 años», aseguró el informe.
Las ONG exhortaron al Gobierno de Nicolás Maduro a que «garantice las condiciones de seguridad para que los campesinos y productores puedan desarrollar su actividad agrícola, sin que grupos delictivos, paramilitares y organismos de seguridad, actuando al margen del Estado de derecho, vulneren el libre desarrollo de las fuerzas productivas del campo».
