La alcaldía de Curitiba pidió hoy a la Justicia Federal que el exmandatario de Brasil Luis Inácio Lula da Silva sea trasladado de la sede de la Policía Federal a otro lugar que sea «seguro y adecuado a las circunstancias del caso», informaron fuentes oficiales.
Lula, que cumple una condena de 12 años y un mes de prisión por corrupción pasiva y lavado de dinero, está recluido en una celda de 15 metros cuadrados que fue acoplada en la Superintendencia de la Policía Federal de Curitiba, en el estado de Paraná (sur).
La petición de traslado de Lula por parte de la municipalidad se basó en problemas de seguridad generados por las manifestaciones a favor y en contra del exmandatario, en las calles aledañas al sitio donde está recluido, en el barrio Santa Candida.
De acuerdo con un comunicado de la Fiscalía General del municipio, la solicitud se hizo debido a la «exaltación de los ánimos» y de las constantes reclamaciones de los habitantes de la región, por lo que la municipalidad decidió pedir la transferencia del expresidente a «lugar seguro y adecuado a las circunstancias del caso, restableciendo el orden, el derecho de ir y venir y seguridad de la población».
Según la comunicación, la Alcaldía «ya tomó todas las medidas que estaban a su alcance», incluso con el pedido para preservar el entorno de la sede de la Policía a través de la prohibición del montaje de estructuras en plazas y calles de la ciudad.
La comunicación precisó que no se ha podido restablecer el servicio de iluminación pública en algunos puntos del barrio Santa Cándida, ubicados, especialmente, en el área ocupada por manifestantes, por la imposibilidad de acceso de los vehículos que hacen el mantenimiento.
«En la zona hay cerca de 500 personas acampadas permanentemente, número que llega a mil en determinadas horas del día», asegura el comunicado.
A por lo menos 10 postes de luz que se encuentran a la espera de mantenimiento se suman los cambios en la rutina de recolección de basura de las residencias en el área ocupada, también por el hecho de que el camión no tiene cómo pasar.
La solicitud de la municipalidad se une a la de varios comisarios de la Policía Federal que esta semana pidieron la «transferencia inmediata» del expresidente a una unidad de las Fuerzas Armadas por cuestiones de seguridad.
Desde el ingreso en prisión del ex jefe de Estado (2003-2010), cientos de simpatizantes han llegado a la capital paranaense para instalarse en el campamento bautizado como «Lula Libre», que pretende permanecer en pie hasta la liberación del carismático líder.
Lula cumple una orden judicial dictada por el juez federal Sergio Moro quien condenó a Lula el año pasado a nueve años y seis meses de prisión tras comprobar que el expresidente se benefició de las corruptelas en la petrolera estatal Petrobras por medio de la cesión de un lujoso apartamento en el litoral paulista.
Esa pena fue ratificada y ampliada en enero pasado hasta los 12 años y un mes de prisión por un tribunal de segunda instancia que determinó su ingreso en prisión una vez agotados todos los recursos en esa corte.
