Amnistía Internacional pidió este martes al Congreso de Guatemala «aprovechar el nuevo impulso» para abolir la pena de muerte mientras la Corte de Constitucionalidad examina una acción de inconstitucionalidad contra este castigo.
«Amnistía Internacional insta al Congreso a que aproveche la oportunidad de este debate en la máxima instancia judicial para abolir de una vez esta pena en la legislación nacional», dijo la entidad en un comunicado enviado a Efe.
El máximo órgano jurisdiccional del país debe decidir si la imposición de la pena de muerte viola los principios consagrados en la Constitución del país con base en una acción que se presentó el 25 de noviembre de 2016 y sobre la que se prevé que en los próximos días se anuncie una decisión.
El año pasado, la Corte declaró inconstitucional la aplicación de la pena de muerte por el delito de asesinato.
En el Congreso de Guatemala se presentó, por parte de algunos diputados, una iniciativa de ley para restituir la posibilidad de que el presidente indulte a los condenados a muerte, una reforma que a la vez permitiría volver a aplicar esa pena máxima.
El artículo 18 de la Constitución de Guatemala establece la pena de muerte, sin embargo, en años recientes no ha podido ejecutarse debido al vacío legal que existe desde que el expresidente Alfonso Portillo (2000-2004) derogó en 2004 el decreto 159, que regulaba el indulto y permitía al presidente suspender o no la ejecución.
Con la nueva iniciativa, los diputados quieren reactivar este proceso.
Como el Estado de Guatemala no ha restablecido la plena vigencia de este recurso de gracia, la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ha conmutado la pena de muerte por la máxima pena de prisión a los reos que así lo han solicitado.
En julio del año pasado se presentó otra iniciativa de ley en el Congreso, la número 5100, para abolir la pena de muerte, y que solo fue sometida a la primera lectura de tres que debe tener en el pleno, por lo que AI pide que se agilice para relegar «de una vez este castigo a los libros de historia».
«Amnistía Internacional considera que toda ejecución es un acto que no sólo deshumaniza a quienes la llevan a cabo, sino que también menoscaba el valor que da la sociedad a la vida humana. La pena de muerte es una forma única de pena cruel, pues además de la crueldad de la ejecución en sí, conlleva la crueldad de obligar a la persona condenada a esperar en el corredor de la muerte contemplando la perspectiva de la ejecución», añade el comunicado.
La pena de muerte está establecida en la ley guatemalteca pero no ha sido aplicada desde 2000, cuando fueron ejecutados dos secuestradores mediante inyección letal.
América cuenta con al menos 14 países con pena de muerte vigente, pero que no han ejecutado a ninguna persona desde 2008: Antigua y Barbuda, Bahamas, Cuba, Belice, Barbados, Trinidad y Tobago, Guatemala, Guyana, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, Jamaica, San Vicente y las Granadinas, Dominica y Granada.
En la actualidad, 141 países -más de dos tercios de los países del mundo- han abolido la pena de muerte en su legislación o en la práctica, y el número de países que llevan a cabo ejecuciones también ha ido descendiendo, y en los últimos cinco años sólo se ha tenido conocimiento de ejecuciones en 11.
