Agroisleña, actualmente Agropatria, denunció al gobierno de Venezuela ante el Banco Mundial para que devuelva la empresa, expropiada en 2010. (publicó elpolitico.com)

El diputado Luis Eduardo Martínez, primer vicepresidente de la Comisión de Diálogo, Paz y Reconciliación Nacionalprecisó que los tres grupos de propuestas que hizo Fedecámaras se están analizando, dentro de las comisiones permanentes de la Asamblea Nacional del 6D, y en pocos días debe iniciarse el proceso de consultas.

El parlamentario del oficialismo recordó que en la primera iniciativa se destacan cuatro leyes para el sector construcción, el emprendimiento, la protección de inversiones privadas y extranjeras y la de trámites administrativos.

En entrevista a Unión Radio, añadió que otras de las propuestas de Fedecámaras son las relativas a las expropiaciones de empresas y la de la autorización para la adquisición de las vacunas anticovid, por parte del gremio, en su opinión “importantísima”.

En cuanto a las empresa expropiadas y que estarían a punto de ser devueltas a sus propietarios, Martínez dijo preferir que finalice el proceso para que se hagan públicas “algunas leyes que ya están a nivel de la Procuraduría General de la República en espera de la elaboración del documento, son 135 empresas en total.

Finalmente, el funcionario mencionó que ya está en agenda la discusión de la Ley de Comercio Electrónico que permitirá abordar un tema que el Código de Comercio.

Bloomberg: Quebrantada por el socialismo

Cientos han sido las empresas estatales fallidas, gracias a una economía que se lanza por un precipicio, por lo que el gobierno venezolano está abandonando la doctrina socialista, al ceder empresas clave a inversionistas privados, ofreciendo ganancias a cambio de una parte de los ingresos o productos.

Decenas de plantas químicas, procesadoras de café, silos de granos y hoteles confiscados en las últimas dos décadas han sido transferidos -pero no vendidos- a operadores privados en las llamadas alianzas estratégicas, dijeron nueve personas con conocimiento del asunto. Los gerentes cubren la nómina y las inversiones y entregan productos y un porcentaje de sus ingresos al gobierno.

“Creemos que esto es positivo porque es la sincronización del sector público con el sector privado”, dijo Ramón Lobo, legislador del gobernante partido socialista y exministro de Hacienda. “El estado actúa como supervisor y recibe una compensación”.

El cambio se manifiesta en la agricultura, parte del esfuerzo del presidente Nicolás Maduro para alimentar a una población hambrienta después de siete años de colapso económico y social. 

Sin embargo, no está claro cuánto dinero aporta la nueva política, que sigue a la aprobación el año pasado de una ley “anti-bloqueo” que busca reducir el impacto de las sanciones estadounidenses y fomentar la inversión. El gobierno ahora permite que fluyan las remesas en dólares y que la empresa privada florezca en pequeños bolsillos, destaca bloomberg.com




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