AP: Surgen nuevas acusaciones contra excongresista de EE.UU. contratado por el chavismo
Excongresista por Florida David Rivera / Foto: Getty Images

Un excongresista por Miami que firmó un contrato de 50 millones de dólares para hacer trabajo de consultoría para el gobierno de Nicolás Maduro al parecer no realizó ningún trabajo pero sí cobró una buena parte del dinero y lo dirigió hacia una compañía de yates a nombre de un multimillonario fugitivo, según nuevas acusaciones cotejadas en una demanda civil.

Las acusaciones contra el excongresista David Rivera surgen en un nuevo documento presentado en la corte federal de Nueva York por detractores del chavismo que ahora controlan las filiales en Estados Unidos de la compañía petrolera estatal del país sudamericano.

Interamerican Consulting, la compañía de Rivera, resultó demandada en 2020 por PDV USA —filial con sede en Delaware de Citgo. La demanda señala que Rivera no realizó ningún trabajo para el contrato de 50 millones de dólares que firmó en 2017 por tres meses de “consultoría estratégica” para crear relaciones con importantes figuras en Estados Unidos.

El mismo contrato ha sido el centro de una investigación en curso de fiscales federales en Miami que examinan, entre otras cosas, si Rivera no se registró como cabildero extranjero, como lo requiere la ley.

No hay imputaciones

A Rivera no se le ha imputado ningún delito, pero las nuevas acusaciones ofrecen una mirada detallada a sus tratos con la industria petrolera estatal venezolana y cómo él presuntamente se gastó el dinero que recibió.

Aproximadamente en el mismo período en que Rivera fue contratado, el gobierno de Maduro había lanzado una ofensiva diplomática para conseguir ventajas con el gobierno de Donald Trump. Las autoridades venezolanas evitaron inicialmente hacer críticas directas al nuevo presidente estadounidense e incluso donaron 500 mil dólares al comité de su toma de posesión a través de Citgo.

El nuevo documento presentado ante la corte se basa en evidencia presentada en fecha reciente por abogados de PDV USA, incluidos 18 mil mensajes de texto y de WhatsApp correspondientes al teléfono de Rivera y declaraciones que él hizo durante dos días en julio.

Rivera recibió solamente 15 millones de dólares de la suma original, pero la nueva acusación señala que gastó parte de eso en pagos no explicados a un narcotraficante convicto y a una compañía de yates a nombre del magnate televisivo venezolano Raúl Gorrín, buscado por las autoridades estadounidenses.

“El señor Rivera jamás prestó servicio alguno a Citgo y, tal parece, jamás tuvo intención de hacerlo”, según el documento presentado por PDV USA. “En su lugar, el verdadero propósito del acuerdo fue encubrir transacciones ilícitas”.

Rivera no respondió a una petición de declaraciones, pero ha insistido en su inocencia y ha contrademandado a PDV USA alegando incumplimiento de contrato y enriquecimiento injusto porque la empresa no pagó 30 millones de dólares que él asegura todavía se le adeuda.

Mensajes incriminadores

Según el documento presentado ante la corte, en un intercambio de mensajes con Gorrín, Rivera discutió haber tratado de concertar una reunión entre el canciller de Venezuela y ejecutivos de la empresa petrolera estadounidense Exxon.

El nuevo documento cita un mensaje en que Rivera y Gorrín intercambiaron mensajes de texto en que se decían que “el boleto para el concierto es de 15 dólares, no 20, como dijimos anoche”, palabras que según los abogados de PDV USA es una “clara referencia a un soborno”.

“En su declaración, el señor Rivera no pudo explicar qué significaba este mensaje de texto y testificó que no recordaba haber asistido a algún concierto en esa fecha”, aseveró PDV USA en su documento. La empresa no especificó a quien podría haber estado dirigido un soborno y la reunión nunca tuvo lugar.

Rivera había solicitado a la corte que protegiera sus comunicaciones con Gorrín, a quien Estados Unidos señala como el cerebro de una confabulación para desviar mil 200 millones de dólares de Pdvsa, la petrolera estatal venezolana.

Gorrín es un abogado sin licencia para practicar en Estados Unidos y un juez en junio falló que las comunicaciones de Rivera con él no se ajustaban al privilegio abogado-cliente y deben ser entregadas como parte de lo que se conoce como descubrimiento de documentos para el caso.

Lee el reporte completo en The Associated Press (AP).




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