Cuando Ana cobra su sueldo cada quincena, ya sabe exactamente qué va a pasar: entra al supermercado con la esperanza de «estirar» lo que gana y sale solo con dos bolsas que no alcanzan para cubrir las necesidades nutricionales de su familia.
Ella es trabajadora administrativa de un liceo público en el estado Miranda. Tiene dos hijos, de 7 y 10 años. Hace una década, su sueldo alcanzaba para pagar comida, comprar ropa, pasear de vez en cuando y darse un gusto, aunque sea pequeño.
Hoy, después de tres años y diez meses sin aumento del salario mínimo, su ingreso base equivale a cinco dólares al mes. El resto lo completa un bono que no cuenta para prestaciones, vacaciones ni utilidades.
«Yo no vivo, sobrevivo», dice. «Cuando termino de comprar comida, ya no queda nada ni para medicinas. Si uno de los niños se enferma, simplemente me quedo sin presupuesto».
Aunque hoy siente un peso en los hombros, Ana es optimista y confía en que pronto vendrá un ajuste salarial en Venezuela, a propósito de los ingresos petroleros después de la negociación entre su país y Estados Unidos.
«Yo aspiro a que sea un monto que nos permita volver a los tiempos de antes, cuando podíamos comprar comida suficiente, salir de vacaciones y llevar una vida digna. No quiero lujo, quiero tranquilidad», señaló a El Pitazo el 21 de enero.
Aunque Ana no quiso aventurarse a dar un monto, espera que la remuneración mínima sea de 300 dólares y así el salario deje de ser una cifra simbólica, desconectada de la realidad de los precios y de la vida cotidiana.
Sueldo congelado
El sueldo mínimo en Venezuela no se ajusta desde marzo de 2022, cuando se fijó en 130 bolívares, equivalentes entonces a unos 30 dólares.
Desde esa fecha, la combinación de devaluación e inflación ha pulverizado su valor real: hoy, esos 130 bolívares representan menos de un dólar, según el cambio oficial (Bs. 352,7 por dólar al 23 de enero).
En lugar de aumentos salariales, el gobierno ha optado por una política de «bonos indexados» entregados a través del Sistema Patria—como el bono de «Guerra Económica» y el de alimentación—que se ajustan periódicamente y elevan el ingreso promedio a un rango de entre 50 y 110 dólares mensuales.
Sin embargo, estos bonos no forman parte del sueldo, no inciden en prestaciones, aguinaldos ni vacaciones, y pueden ser modificados o eliminados discrecionalmente.
Además, son insuficientes para cubrir la canasta alimentaria que supera los 500 dólares mensuales para una familia de cuatro personas. La Cámara de Comercio de Maracaibo, estado Zulia, la calculó en 655 dólares en el mes de diciembre, lo que representa un aumento de 3,87 % con respecto a noviembre y de 33,71 % durante todo 2025.
Aunque la Constitución venezolana establece que el salario mínimo debe ser suficiente para cubrir la canasta alimentaria, el país no tiene capacidad económica para sostener un ingreso equivalente a esos costos, que rondan los 400 dólares mensuales. Así lo explica el economista José Guerra, quien señala que los ingresos actuales del Estado hacen imposible fijar un salario mínimo que cumpla con ese estándar constitucional.
«Un sueldo mínimo que arranque en 100 dólares sería importante e ir eliminando la política de bonos», consideró Guerra en entrevista con El Pitazo.
El especialista cree necesario que todos los beneficios que se otorguen a través de bonificaciones sean referenciados al salario mínimo.
«El salario puede iniciar en 100 dólares, a final del primer semestre llevarlo a 120 e ir incrementando gradualmente de acuerdo con los ingresos petroleros», reiteró Guerra, quién aseguró que el Estado está en capacidad para este incremento.
Gremios y propuestas
Ante el estancamiento salarial, los gremios han salido a la calle en los últimos años para exigir ajustes. Maestros, trabajadores de la salud, empleados públicos, universitarios, jubilados y pensionados han protagonizado protestas para pedir ingresos que les permitan, al menos, cubrir la canasta alimentaria.
La Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela (Apucv) ha sido una de las voces más articuladas en este debate. En un comunicado reciente, los gremios y sindicatos de la UCV exigieron al gobierno iniciar un proceso de ajuste salarial y plantearon como referencia un salario mínimo equivalente a 200 dólares mensuales. Como primer paso, propusieron la «salarización” de los bonos vigentes de modo que pasen a formar parte del sueldo y generen derechos laborales.
José Gregorio Afonso, presidente de la APUCV, resume así el planteamiento: «Nosotros creemos que ese puede ser un punto de arranque para reconstruir el salario. Lo podemos discutir. Puede iniciarse con la salarización de los bonos (120 dólares de Guerra Económica y 40 de alimentación). Es decir, puede ser 160, 180 o 220; el monto se puede acordar, pero lo que es absolutamente inconveniente es no aumentar el salario y continuar con la política de bonos que, no solo es un fraude a la ley, sino que no reconoce la formación, el mérito, la experiencia, la jerarquía y anula de facto todos los beneficios contractuales asociados al salario».
Afonso mostró a El Pitazo cómo cambiaría el tabulador de los profesores universitarios si el salario mínimo se ubicara en 200 dólares y se eliminara el instructivo ONAPRE: un profesor a dedicación exclusiva podría ganar entre 807 dólares (instructor) y 1.316 dólares (titular). Aunque sigue siendo poco en comparación con otros países de la región, sería, un camino para reconstruir el salario», según sus palabras.
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