Oscar Misle, fundador y director de Cecodap. (Foto: Archivo).
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El fundador y director del Centro Comunitario de Aprendizaje (Cecodap), Oscar Misle, enfatizó la responsabilidad del Gobierno en los casos de prostitución infantil y la inexistencia de programas que les ofrezcan la ayuda necesaria, tanto a la víctima como a la familia.

En tiempos recientes han habido dos casos de explotación sexual a menores que han conmocionado a la opinión pública en Bolívar: entre el pasado sábado y el lunes se formularon dos denuncias, una en San Félix y otra en Ciudad Bolívar, que involucra a madres prostituyendo a sus hijas.

Misle afirmó que este tipo de situaciones se presentan en la medida que las crisis se hacen más severas y las necesidades aumentan. A su juicio, una situación que mezcla debilidad en valores y marginales ingresos es un caldo de cultivo para métodos rápidos y fáciles de conseguir dinero.

Se usan los niños como mercancía a través de la explotación sexual, pero no todos los que estén en crisis tomarán esa opción, es un tema de valores. Este tipo de situaciones como la del país hacen salir lo lindo pero también lo más oscuro de la gente, explica.

Calificó de grave que la forma empleada por las personas para conseguir ingresos económicos sea la explotación sexual y más aun explotando a menores de edad.

A tres niñas, de 10, 11 y 12 años, se les hizo pasar de modelos. Con complicidad de la madre, dos hombres les tomaban fotografías en San Félix para su distribución. El caso se divulgó el 3 de diciembre. Dos días después, se supo de una denuncia similar en Ciudad Bolívar.

 

“Lastimosamente hacen ofertas que en este caso son sus hijos, enfocados en pederastas y pedófilos, a los que les atrae los niños, por su vulnerabilidad, indefensos, y eso es una forma de atraer determinada clientela”, afirmó el especialista.

Misle aseguró que hay una predisposición a no denunciar por distintos factores: Todo el tema de la sexualidad y el tabú que existe, más la falta de formación para denunciar y sus temores para hacerlo debido a las redes de prostitución que hay.

Las personas tienen miedo, y desconfianza de hacer la denuncia. Hay muchas debilidades en el país, no tenemos estadísticas, no se denuncia y menos aún los casos de varones en la pornografía infantil, por el tema del machismo”.

Misle advierte que hay una complicidad perversa en cuanto a los casos de prostitución y pornografía infantil, que los niños están desprotegidos, sumándole que no existen los programas, para darles el apoyo psicológico y legal que debe ofrecerse por un consejo de protección.

A  juicio del especialista las autoridades de Gobierno tienen una responsabilidad muy importante en la protección de los niños. No solo del punto de vista académico y emocional, sino en  las escuelas y  las familias. No podemos ser cómplices de la realidad. Los organismos deben abocarse a desmantelar bandas dedicadas a estos delitos, no actuar reactivamente. Cuántos casos están solapados, porque no se les hace seguimiento y control de estas situaciones, sentenció.

Los artículos 34 y 35 de la Convención sobre los Derechos del Niños rezan que los gobiernos deben proteger a los niños y niñas de todas las formas de explotación y abusos sexuales y tomar todas las medidas posibles para asegurar que no se les secuestra, se les vende o se trafica con ellos, destaca el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia.

Investigaciones

Una red de explotación sexual de menores fue  descubierta el fin de semana. Desde entonces las investigaciones no han cesado en la Brigada de Violencia Contra la Mujer y la Familia del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc).

Las averiguaciones traspasaron las fronteras de Bolívar, con la detención de  sujetos vinculados con la red de prostitución en Barcelona (Anzoátegui). Las comisiones se trasladaron al estado vecino donde realizaron los allanamientos y capturaron a cuatro personas más, tres mujeres, entre ellas una menor de edad, y un hombre.

Los detenidos rindieron declaraciones en la delegación del Cicpc en San Félix. Mientras una comisión investigaba en Anzoátegui, otra realizó el arresto en Puerto Ordaz de Antonio Leonardo Milán Malavé. El hombre de 28 años, ingeniero informático, compraba la lencería y ropa que utilizaban las menores de edad para consumar los actos de pornografía infantil.

Correo del  Caroní




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