La ONG Centro de Justicia y Paz (Cepaz) denunció este jueves que registró 10 casos de «persecución» contra periodistas en diciembre, así como otros siete contra políticos del país.
«Durante el mes de diciembre, en el Centro de Justicia y Paz registramos 17 casos de persecución y criminalización ejercidos por parte del Gobierno de Nicolás Maduro contra trabajadores de la comunicación y personeros políticos», señaló la ONG en un comunicado publicado en su página web.
La organización registró el cierre de dos emisoras de radio que, a pesar de que la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) alegó que se debía al vencimiento de la concesión, «coincide con el hecho de que la emisora es propiedad de Carlos Barrios, periodista y alcalde del municipio Ospino, estado Portuguesa», quien se identifica como opositor.
«Registramos el cierre de cuatro programas de radio, tres de ellos de la misma emisora, cuyos directivos resultaron obligados por Conatel a sacar varios programas de su parrilla por contrariar los intereses del Gobierno de Maduro», añadió Cepaz.
Un cuarto programa de radio obligado a cerrar lo conducía el excandidato opositor a la Gobernación de Barinas Freddy Superlano.
Detenciones arbitrarias
Cepaz registró dos detenciones «arbitrarias», la de un periodista y su chófer, mientras hacían un reportaje.
«Pudimos documentar un acto de amenaza y hostigamiento contra otro periodista víctima de la presencia de funcionarios de seguridad armados en su residencia. Por último, identificamos el bloqueo de la página web de un medio de noticias digital», subrayó.
En cuanto a los casos de persecución a políticos, la organización sostuvo que identificó una «amenaza colectiva» en la que no pudo determinar el número de posibles víctimas.
«Como parte de esta acción, Nicolás Maduro advirtió que tomará medidas ejemplarizantes contra los dirigentes del Partido Socialista Unido de Venezuela que dividieron a la población en las pasadas elecciones regionales. Esta acción constituye un acto de persecución política que viola las libertades de pensamiento y expresión», apostilló Cepaz.
Otro acto de amenaza documentado por la ONG estuvo dirigido contra el rector del Consejo Nacional Electoral (CNE) Roberto Picón, afín a la oposición, «intimidado por Diosdado Cabello (considerado número dos del chavismo)», de interponer una denuncia ya que las recomendaciones hechas por el rector (…) consideradas un ataque a la gestión de Maduro y al partido que representa».
«Por otra parte, identificamos dos detenciones arbitrarias, que involucran a la familia de un dirigente político: el hermano del excandidato opositor a la alcaldía del municipio Arismendi del estado Sucre, José Lunar, y su chófer. El dirigente político afirmó que se trata de una retaliación por impugnar los resultados de las pasadas elecciones regionales», apuntó.
Cepaz aseguró que las acciones de criminalización y persecución identificadas en su monitoreo fueron categorizadas como patrones, «porque forman parte de un conjunto de actuaciones que de forma sistemática y reiterada han sido ejecutadas durante todo 2021». EFE
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