El coordinador de la Asociación Civil Ecológica Chunikai, Jorge Padrón, advirtió que con la explotación indiscriminada del Arco Minero se está afectando el 80% de las reservas de aguas dulces, así como el sistema hidroeléctrico del Guri, el cual abastece al 70% del país.
El pasado 15 de julio, la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, denunció la grave situación que se vive hacia el sur de Venezuela en las áreas que constituyen el llamado Arco Minero del Orinoco (AMO). Allí, es donde grupos criminales tienen un control total del territorio, causando daños ecológicos a la población venezolana.
El AMO fue creado por el gobierno de Nicolás Maduro en 2016, con el fin de aprovechar los minerales y elementos que se encuentran en la zona, los cuales abarcan gran parte del estado Bolívar y Amazonas. Sin embargo, grupos criminales se han hecho millonarios por la venta irregular del oro, diamante y coltán en diferentes países de Europa.
A esta venta irregular se le une la violación a los DDHH, debido a que los malhechores aplican la ley a su antojo y, además, porque afectan el ecosistema y amenaza la vida de los trabajadores.
“Liquidaron la actividad turística; el estado Bolívar era muy importante, tal vez más que Nueva Esparta con los parques Canaima y La Gran Sabana. Existen posibilidades de que vengan turistas desde Brasil, de hecho, hay algunos que actualmente se aventuran en el mismo corazón del Arco Minero. Hasta 1999 se arribaba a la Gran Sabana y había promoción de actividades ovíparas, esto se debía a las riqueza de especies que tenía y sigue teniendo Venezuela”, argumentó Padrón.
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