Tras la detención, este sábado, de la expresidenta interina de Bolivia Jeanine Áñez, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA expresó en Twitter que «urge al Estado de Bolivia respetar los estándares interamericanos sobre garantías judiciales, independencia y protección judicial”.
Explicó que emitía su posición «ante denuncias por inobservancia de las garantías judiciales en la ejecución de las aprehensiones», realizadas desde el viernes en la noche.
Antes de la CIDH, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, pidió que se respeten «las garantías al debido proceso y haya una transparencia total en todos los procedimientos», según un comunicado de su portavoz.
Mientras tanto, la Unión Europea calificó de «preocupantes» los acontecimientos en Bolivia y dijo que los sigue de cerca.
En una nota, la oficina del jefe de la diplomacia de la UE, Josep Borrell, sostuvo que «las denuncias vinculadas a los hechos de 2019 deben atenderse en el marco de un proceso judicial transparente y sin presiones políticas, con pleno respeto a la independencia de los poderes».
Libertad inmediata
Por su parte, la influyente Conferencia Episcopal de Bolivia exigió en un comunicado «la inmediata puesta en libertad de los detenidos». Los obispos dijeron que no pueden «permanecer pasivos, mientras se persigue a ciudadanos que han servido a Bolivia».
La oposición de derecha y centro niegan que haya habido un golpe de Estado en noviembre de 2019. Arguyen que hubo primero una reacción popular contra los resultados de las elecciones presidenciales, debido a los señalamientos de un supuesto fraude.
Las protestas derivaron en un motín policial y en un pedido de las Fuerzas Armadas para que Morales diera un paso al costado, lo que obligó al mandatario a dimitir y a salir exiliado a México, antes de trasladarse a Argentina como refugiado.
¿Sucesión constitucional?
Áñez asumió la presidencia tras la dimisión de Morales y ahora exige un juicio de responsabilidades o de privilegio; que se realiza en el Tribunal Supremo de Justicia.
Morales respondió desde Twitter que «no se puede hablar de sucesión constitucional cuando se ha violado» la Constitución y dijo Áñez «se autodesignó presidenta».
En la misma línea, el ministro de Justicia, Iván Lima, dijo que a ella le corresponde un proceso ordinario por sus actuaciones como senadora, antes de haber asumido la primera magistratura.
Este domingo quedó detenido un activista civil de derecha, Yassir Molina, a quien el gobierno sindica de liderar un grupo de choque que participó en las protestas contra Morales en 2019.
Seis meses de cárcel preventiva
La Fiscalía de Bolivia pidió este domingo seis meses de cárcel preventiva para la expresidenta Áñez por el caso de supuesto golpe de Estado contra el exmandatario Evo Morales.
Áñez, de 53 años, resultó detenida el sábado en la ciudad de Trinidad, capital del departamento amazónico de Beni (noreste), después de sus dos ministros, el de Justicia, Álvaro Coímbra, y de Energía, Rodrigo Guzmán. Los tres están denunciados por sedición, terrorismo y conspiración.
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