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Por estar en desacuerdo con el Estatuto Transitorio de Elecciones de la Universidad de Carabobo, que aprobó el Consejo Universitario, el presidente de la Asociación de Empleados de esa casa de estudios, Pedro Ulacio, y el de la caja de ahorros, Hernán Barrios, solicitaron la nulidad del instrumento ante el TSJ.

En la solicitud hecha por Ulacio y Barrios, también se pide una medida cautelar para que se suspendan las elecciones en la UC, programadas para el 29 de noviembre.

El máximo tribunal de la república ya designó al magistrado Inocencio Figueroa, de la Sala Electoral como ponente, y los accionantes esperan una respuesta lo más pronto posible.

Pedro Ulacio aclaró que ellos no están en contra de las elecciones universitarias, pues por el contrario quieren que se hagan, pero cumpliendo con lo establecido en el artículo 34 de la Ley Orgánica de Educación.

“Nosotros pedimos una medida cautelar para que sea revisado el instructivo electoral, y que se cumpla con la sentencia de 2019 del mismo Tribunal Supremo de Justicia”.

El articulado al cual Ulacio hace referencia señala que “En aquellas instituciones de educación universitaria que les sea aplicable, el principio de autonomía reconocido por el Estado se materializa mediante el ejercicio de la libertad intelectual, la actividad teórico-práctica y la investigación científica, humanística y tecnológica, con el fin de crear y desarrollar el conocimiento y los valores culturales.

La autonomía se ejercerá mediante las siguientes funciones:

1. Establecer sus estructuras de carácter flexible, democrático, participativo y eficiente, para dictar sus normas de gobierno y sus reglas internas de acuerdo 18 con lo establecido en la Constitución de la República y la ley.

2. Planificar, crear, organizar y realizar los programas de formación, creación intelectual e interacción con las comunidades, en atención a las áreas estratégicas de acuerdo con el Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación, las potencialidades existentes en el país, las necesidades prioritarias, el logro de la soberanía científica y tecnológica y el pleno desarrollo de los seres humanos.

3. Elegir y nombrar sus autoridades con base en la democracia participativa, protagónica y de mandato revocable, para el ejercicio pleno y en igualdad de condiciones de los derechos políticos de los y las integrantes de la comunidad universitaria, profesores y profesoras, estudiantes, personal administrativo, personal obrero y, los egresados y las egresadas de acuerdo al Reglamento. Se elegirá un consejo contralor conformado por los y las integrantes de la comunidad universitaria.

  1. Administrar su patrimonio con austeridad, justa distribución, transparencia, honestidad y rendición de cuentas, bajo el control y vigilancia interna por parte del consejo contralor, y externa por parte del Estado.

El principio de autonomía se ejercerá respetando los derechos consagrados a los ciudadanos y ciudadanas en la Constitución de la República, sin menoscabo de lo que establezca la ley en lo relativo al control y vigilancia del Estado, para garantizar el uso eficiente del patrimonio de las instituciones del subsistema de educación universitaria.

Es responsabilidad de todos y todas, los y las integrantes del subsistema, la rendición de cuentas periódicas al Estado y a la sociedad sobre el uso de los recursos, así como la oportuna información en torno a la cuantía, pertinencia y calidad de los productos de sus labores”.

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