La empresa de tecnología electoral Smartmatic, ya envuelta en demandas por difamación de alto perfil en Estados Unidos, se enfrenta ahora a un flanco judicial mucho más grave. El Departamento de Justicia (DOJ) de EE UU presentó cargos de soborno internacional y lavado de dinero contra la compañía.
Esta escalada judicial provocó una fuerte condena de la congresista estadounidense María Elvira Salazar. Ella acusó a Smartmatic de tener lazos con el "régimen criminal" de Nicolás Maduro.
Salazar, crítica de larga data del chavismo, aprovechó los cargos federales para validar sus advertencias previas sobre la integridad de la empresa. "¡Lo he dicho desde el principio! Smartmatic está corrupta hasta la médula y vinculada al régimen criminal de Maduro", escribió en su cuenta de X.
El DOJ presentó los cargos de soborno internacional, que surgen de un caso existente contra ejecutivos de la empresa, incluido su fundador. Smartmatic operó durante años en Venezuela y también se le vinculó a una supuesta conspiración para asegurar negocios en Filipinas mediante sobornos, de acuerdo con Reuters.
Denuncia de Smartmatic
Smartmatic respondió a las acusaciones federales con una declaración, negando los cargos y sugiriendo que la acción judicial tiene motivaciones políticas. La empresa calificó las acusaciones como "erróneas en cuanto a los hechos y a la ley" y afirmó que las impugnará.
"Creemos que la Fiscalía de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida ha sido engañada e influenciada políticamente por poderosos intereses, a pesar de nuestra amplia cooperación con el gobierno"," declaró l". La compañía, tachó el proceso de selectivo, político e injusto.
Más allá de la batalla penal, las acusaciones del Departamento de Justicia amenazan con socavar la posición de Smartmatic en sus multimillonarias demandas por difamación contra Fox News. También otras figuras del entorno de Donald Trump, relacionadas con las elecciones de 2020.
Expertos legales señalan que la existencia de cargos de soborno podría dificultar a Smartmatic establecer que los daños a su reputación se derivaron únicamente de las declaraciones supuestamente difamatorias.
