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La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó unirse a una petición para que la Corte Penal Internacional (CPI) investigue las torturas sistemáticas que está viviendo el pueblo de Venezuela.

«Pedimos y autorizamos a la junta directiva de la Asamblea Legislativa para que, de conformidad con lo establecido, se adhiera urgentemente a la denuncia realizada por el Centro de Estudios para América Latina (CASLA) ante la Corte Penal Internacional para que se inicie una investigación en Venezuela por el delito de tortura sistemática», reza parte del pronunciamiento.

La declaración fue aprobada con 46 votos de 84 posibles, de los diputados del partido de oposición Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), la Gran Alianza para la Unidad Nacional (GANA), el Partido de Concertación Nacional (PCN) y el Partido Demócrata Cristiano (PDC); mientras los parlamentarios oficialistas se abstuvieron por considerar dicho acto como una «injerencia».

Además, el documento expresa que la «Asamblea Legislativa está profundamente consternada por la represión y tortura sistemática perpetrada por el Gobierno del presidente Nicolás Maduro, hechos reflejados en el informe del secretario general de la Organización de los Estados Americanos, Luis Almagro, del 14 de marzo de 2017».

Ante la aprobación del documento, la diputada del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) Nidia Díaz lamentó «que se quiera utilizar la Asamblea Legislativa para parcializar la situación de Venezuela».

«Rechazamos este tipo de pronunciamiento que pretende adherir a la Junta Directiva a un informe que no refleja la realidad que se vive en Venezuela, la cual está basada en una guerra mediática a la que se prestan los medios de comunicación», agregó.

El Instituto CASLA de Praga, una plataforma para los estudios de América Latina en la República Checa, ha presentado ante la CPI en La Haya al menos 55 casos documentados de supuesta tortura en Venezuela entre los años 2002 y 2016.

Durante los últimos días, las calles de Venezuela han sido escenario de nuevas protestas que han dejado unos 12 fallecidos, además de un centenar de heridos y 550 detenidos, según la ONG Foro Penal venezolano.

La oposición venezolana convoca manifestaciones en contra de lo que considera una ruptura del hilo constitucional, por lo que para este sábado llamó a realizar una marcha en silencio «por los caídos» hasta la sede de la Conferencia Episcopal de Venezuela, en el oeste de Caracas.




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